Con la reforma del T-MEC de derechos de autor, se requieren estrategias para perseguir la piratería, pues la policía no está capacitada
El impacto de la tecnología en nuestras vidas es de grandes dimensiones.
Prácticamente todas nuestras actividades cotidianas están relacionadas con teléfonos inteligentes y computadoras que se conectan al internet para realizar todo tipo de operaciones comerciales: pagar impuestos, generar facturas electrónicas, hacer transacciones por medio de banca electrónica, presentar un juicio de amparo, comprar un boleto de avión o bajar aplicaciones de música y series. Estas plataformas son posibles gracias a los programadores que invierten tiempo y dinero en la creación de contenidos informáticos que están protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal.
Las autoridades encargadas de proteger esos derechos enfrentan el grave problema de la piratería informática. Ahora no son solo tenis, ropa, relojes o medicinas “piratas”. Además, existe la distribución y venta de software, videojuegos y todo tipo de contenidos digitales sin la licencia de uso correspondiente o la autorización del titular de los derechos de autor. Hoy han proliferado individuos que, por motivos económicos, infringen la seguridad de programas informáticos y los comercializan.
Howard Rheingold, en su libro ‘La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras’, explica que la palabra hacker se ha tomado popularmente en un sentido delictivo, refiriéndose a quienes ingresan ilegalmente en los sistemas computacionales de otras personas. Sin embargo, los hackers originales eran jóvenes programadores que despreciaban las formas convencionales, les gustaba encontrar soluciones imaginativas a los problemas técnicos y eran aficionados a crear tecnologías completamente nuevas. Sin ellos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), organismo del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos, jamás hubiera podido crear la computación gráfica o las comunicaciones computarizadas.
Por desgracia, hay muchos ejemplos en la historia que muestran que los avances de la ciencia, en lugar de emplearse en beneficio de la humanidad, se utilizan ilícitamente anteponiendo el interés personal sobre el de la sociedad. Para no ir muy lejos, la semana pasada los dispositivos que permiten medir el ejercicio físico con la aplicación “Garmin Connect” dejaron de funcionar en todo el mundo. Los sistemas operativos de esta empresa fueron hackeados. La red que administra toda su información fue encriptada y el acceso a los archivos del sistema estaban restringidos. Algunos medios de comunicación señalaron que los delincuentes informáticos solicitaron más de 8.5 millones de euros por liberar el sistema.
El combate a la piratería no ha sido exitoso. Diversos estudios señalan que muchos millones de mexicanos consumen piratería física y digital, no obstante que existen leyes administrativas y penales que sancionan severamente esa actividad ilícita. El pasado 1° de julio se adicionaron varios delitos en el Código Penal Federal en materia de derechos de autor. Por ejemplo, el artículo 427 bis sanciona con prisión de seis meses a seis años y de 500 a mil días multa a quien, a sabiendas y con fines de lucro, “eluda sin autorización cualquier medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra protegida por derechos de autor o derechos conexos”.
Esta reforma se realizó en el marco de los compromisos del Estado mexicano al firmar el nuevo Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). Pero, ahora, se requieren nuevos conocimientos y estrategias para perseguir estos delitos, pues la policía y peritos convencionales no están capacitados en esta materia. El futuro de las creaciones artísticas, literarias, tecnológicas, así como el beneficio económico de las empresas y personas que participan en la cadena productiva de la economía formal dependen de ello.
Alfonso Pérez Daza es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en Derecho Penal.
*Texto publicado en El Universal
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