Organizaciones denunciaron que la extinta PGR investigó a quienes denunciaron la masacre de San Fernando, orquestada por Los Zetas en 2011
Varias organizaciones no gubernamentales mexicanas expusieron este miércoles que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por los Zetas en 2011.
En un comunicado, expusieron que la PGR, hoy convertida a Fiscalía General de la República (FGR), “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.
La PGR utilizó las herramientas para combatir la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar periodista y defensoras de derechos humanos
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Entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)” sino “para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista”, denunciaron.
En concreto, persiguieron a familiares que denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia; a Marcela Turati, periodista que investigó los hechos, y a Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.
Alegando una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó sin autorización judicial a las compañías telefónicas “acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización”.
El Ministerio Público “equiparó el trabajo de Delgadillo, Turati y Doretti con la delincuencia organizada, y las colocó en una condición de riesgo y en un estado de indefensión”, denunciaron.
Así lo revelan copias del expediente que obtuvo el pasado mayo la Fundación para la Justicia tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, si bien todavía no cuentan con la totalidad del expediente.
A 10 años de ocurrida la masacre correspondiente a las 48 fosas de San Fernando, no se cuenta con una sola persona sentenciada. Indebidamente se han cremado cuerpos, se han enviado a la fosa común a pesar de ser identificables, se han entregado a los familiares cuerpos equivocados”, reprocharon.
Por contra, “el aparato y la maquinaria de la Fiscalía se utilizó para entablar una persecución y criminalizar a quienes exigían verdad y justicia”, expusieron.
Las ONG, entre las que están la Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional o Quinto Elemento Lab, solicitaron al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que cese toda investigación adicional” contra las víctimas y contra Delgadillo, Turati y Doretti.
También pidieron “investigar todas las estructuras que integran” la actual Fiscalía e instalar una comisión con el apoyo de la ONU para “investigar lo ocurrido en San Fernando”.
Con información de EFE
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