PGR no comparte criterio de Tribunal Colegiado sobre Caso Iguala


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Además, con respecto a las acusaciones de tortura sobre los imputados de dicho caso, la PGR afirmó que cuentan con los dictámenes de los peritos que niegan tales hechos

Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que no comparte el criterio de los magistrados de un Tribunal Colegiado con respecto al Caso Iguala, ya que a su parecer dicho organismo desconoce la división de poder así como las facultades del Ministerio Público federal en dicha investigación.

Además, con respecto a las acusaciones de tortura sobre los imputados de dicho caso, la PGR afirmó que cuentan con los dictámenes de los peritos que niegan tales hechos.


“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”, se lee en el comunicado.

“Respecto a las acusaciones de tortura, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada, tiene abiertas diversas Carpetas de Investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul”, detalló el organismo federal.

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La PGR detalló que la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“La PGR no ha sido notificada hasta este momento; sin embargo, realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dada a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, señala el comunicado.

“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso”, externó.

 

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