Partido Verde urge endurecer penas ambientales por playas contaminadas

La declaración de cinco playas mexicanas como no aptas para uso recreativo por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reabrió la discusión sobre la urgencia de aplicar un castigo más severo a los responsables del deterioro ecológico.

Ante esta situación, el Partido Verde advirtió que la contaminación del agua en destinos turísticos evidencia la imperiosa necesidad de endurecer las sanciones procesales y penales en contra de quienes perpetran delitos ambientales en el país.

El monitoreo sanitario, implementado entre el 15 de junio y el 1 de julio dentro del programa Playas Limpias 2026, reveló que los niveles de bacterias superaron los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Específicamente, en la Playa de Tijuana (Baja California), Playa del Cuale (Puerto Vallarta, Jalisco), Playa Principal (Puerto Escondido, Oaxaca) y las playas José Martí y Tumbao (Veracruz), se detectaron más de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, una condición que implica un riesgo directo para la salud pública.

Por lo anterior, la autoridad sanitaria recomendó a la población y a los turistas suspender el nado y cualquier contacto directo con el agua en las zonas afectadas para prevenir enfermedades gastrointestinales y de la piel. El cierre preventivo de estos espacios durante la temporada vacacional de verano expone la falta de control en el vertido de aguas residuales y desechos contaminantes que terminan impactando las costas mexicanas.

Ante el diagnóstico de la Cofepris, el Partido Verde recordó que en noviembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó una reforma promovida por su bancada para castigar con mayor rigor los ilícitos contra el entorno natural. La propuesta legal, que actualmente continúa su trayecto en el proceso legislativo, busca tipificar este tipo de conductas como delitos graves, asegurando que no queden impunes y imponiendo penas de prisión más severas a quienes degraden los recursos del país.

El instituto político enfatizó que la contaminación de los ecosistemas no es un problema menor, ya que acarrea severas afectaciones a la salud de las comunidades costeras, erosiona la biodiversidad marina y debilita la actividad turística, uno de los principales motores económicos de esas regiones. Por ello, insistió en que el marco jurídico mexicano debe evolucionar para disuadir las prácticas que atentan contra el patrimonio natural.

Finalmente, el partido hizo un llamado a dar celeridad al trámite de la iniciativa en el Congreso para consolidar un frente normativo eficaz contra el crimen ambiental. De acuerdo con la organización, contar con leyes más estrictas y sanciones ejemplares es el único camino para garantizar la protección de ríos, bosques y playas, obligando tanto a particulares como a empresas a asumir la responsabilidad legal de sus impactos ecológicos.