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Mientras Rachel se aleja, el frente frío número 1, combinado con inestabilidad atmosférica y una vaguada sobre el norte del país
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Esta muestra de barbarie representa otro aspecto de la herencia de odio que sembró López Obrador y que prolifera en medio de la impunidad
Partido Verde urge a endurecer castigos tras clausura de obra ilegal en Samalayuca

La reciente clausura de una obra en construcción dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, en Chihuahua, ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades persistentes en la salvaguarda de los ecosistemas y la urgencia de endurecer los castigos contra quienes los dañan.

Durante las inspecciones llevadas a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las autoridades descubrieron que un establecimiento comercial que se edificaba en la zona protegida carecía por completo de la Manifestación de Impacto Ambiental y de los permisos correspondientes emitidos por la Semarnat.

Ante el evidente riesgo de provocar un deterioro severo e irreversible en los recursos naturales locales, la dependencia federal procedió a la clausura total temporal del proyecto para frenar de inmediato las afectaciones al hábitat protegido.

Tras este suceso, el Partido Verde recordó que desde el año 2025 presentó una iniciativa legislativa orientada a clasificar los delitos ambientales como graves, buscando incrementar de forma directa la responsabilidad jurídica de los infractores.

El partido político subrayó que incidentes como el de Chihuahua evidencian la necesidad imperativa de contar con sanciones legales que sean estrictamente proporcionales al daño infligido al medio ambiente, evitando así que conductas ilícitas queden en la impunidad.

La propuesta mencionada continúa su proceso legislativo en el Senado de la República, con la firme intención de dotar a las instituciones de mayores facultades coercitivas frente a problemáticas recurrentes como la tala ilegal, la contaminación y el tráfico de especies.

El Verde político enfatizó que los recursos naturales del país no pueden permanecer desprotegidos ante actividades comerciales o de cualquier índole que vulneren la legislación ecológica vigente, haciendo un llamado a consolidar un marco legal mucho más riguroso y efectivo.