El Partido Verde exige endurecer penas y catalogar como delitos graves la tala clandestina en Edomex, inacabable pese a 216 operativos
A pesar de un despliegue constante de vigilancia y el incremento de acciones en campo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la tala ilegal no da tregua a las zonas forestales del Estado de México.
La persistencia de este delito volvió a encender las alarmas tras la difusión de un video grabado por un ciclista, donde se observa a un camión cargado con árboles presuntamente talados de forma ilícita en las inmediaciones del Nevado de Toluca.
De acuerdo con datos oficiales de la Profepa, entre 2022 y el 30 de junio de este año se han ejecutado 216 operativos contra la tala ilegal en territorio mexiquense. La estrategia ha mostrado una tendencia al alza a partir de la instalación de la mesa de trabajo especializada en la materia:
2022: 23 operativos realizados.
2025: 64 operativos ejecutados.
Primer semestre de 2026: 25 acciones registradas.
Pese a este esfuerzo institucional, la amenaza sobre los bosques mexiquenses —que abarcan cerca del 48 por ciento del territorio estatal— se mantiene.
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Exigen marco legal más severo
Ante la evidencia de que los operativos de contención resultan insuficientes para frenar el saqueo de madera, el Partido Verde volvió a poner sobre la mesa la necesidad de blindar la legislación ambiental. La fuerza política recordó que en noviembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó una reforma de su autoría para endurecer el castigo a estas conductas, iniciativa que actualmente continúa su ruta en el proceso legislativo.
La propuesta del Partido Verde busca elevar los ilícitos ambientales a la categoría de delitos graves e imponer penas privativas de la libertad de mayor impacto a quienes atenten contra los ecosistemas y recursos naturales del país.
Aunque el PVEM reconoció que el aumento en los patrullajes demuestra la disposición de las autoridades federales y locales por erradicar la tala ilícita, enfatizó que la fiscalización debe acompañarse de sanciones ejemplares para desmantelar las redes que lucran con la deforestación.
Asimismo, reiteró que la protección de los bosques es un eje crítico para asegurar el abastecimiento de agua en la región Central de México, resguardar la biodiversidad local y mitigar el impacto del cambio climático.
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