El Partido Verde urge acciones y autoridades preparadas ante casi 100 casos de maltrato animal en Matamoros, exigiendo cumplir la reforma constitucional
Ante la alarmante cifra de cerca de 100 casos de maltrato animal reportados en lo que va del año en el municipio de Matamoros, el Partido Verde ha alzado la voz para destacar la urgencia de fortalecer las políticas de protección y bienestar para los seres sintientes en la región fronteriza.
La postura de la fuerza política surge tras la documentación de situaciones sumamente crueles y alarmantes, entre las que destacan perros mantenidos permanentemente encadenados, ejemplares en condiciones extremas de desnutrición y abandono, así como reportes estremecedores sobre cachorros que habrían sido ahorcados o quemados por agresores.
Ante este panorama de violencia, el instituto político recordó que desde el año 2024 impulsó de manera decidida una reforma legislativa crucial para elevar el bienestar animal al rango constitucional, misma que logró ser aprobada y publicada oficialmente el 2 de diciembre de aquel año.
Gracias a esta modificación en la ley, se establecieron las bases jurídicas fundamentales para robustecer la salvaguarda de los animales y promover una cultura de relación mucho más responsable, ética y consciente entre la ciudadanía y los seres vivos que comparten el entorno.
El partido enfatizó que los crímenes documentados en Matamoros demuestran con claridad que un marco legal por sí solo resulta insuficiente si las instituciones gubernamentales carecen de las herramientas operativas y presupuestales necesarias para prevenir, atender y sancionar eficazmente el maltrato.
Los representantes del Verde señalaron que la protección institucional no debe limitarse únicamente a una respuesta reactiva frente a los actos de violencia extrema, sino que requiere la implementación urgente de acciones integrales enfocadas en la prevención y la tenencia responsable.
El Partido Verde reiteró que las reformas constitucionales deben traducirse indispensablemente en realidades tangibles y acciones concretas, exigiendo autoridades plenamente capacitadas para garantizar que cada denuncia reciba atención oportuna y que los responsables enfrenten consecuencias conforme a la ley.
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