Debido a la pandemia, en México se han recrudecido los homicidios dolosos, y a la Cruz Roja Internacional le preocupan las agresiones a personal de salud
La violencia que se vive en México y América Central se ha recrudecido por la pandemia de COVID-19, impactando fuertemente en los migrantes y los desplazados, lo que hace “doblemente” más vulnerables a estas poblaciones, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Durante la presentación de su informe anual México/América Central 2020, Jordi Raich, jefe de la delegación del CICR para México y América Central, expresó que si bien estas eran poblaciones que ya preocupaban antes, la inquietud ahora es mayor “pues serán quienes sufran doblemente por los efectos de la pandemia a largo plazo”.
De acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019 publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Centroamérica es, con una tasa de 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, la zona con mayor nivel de muertes violentas del mundo.
En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, tan solo en marzo de este año se registraron 3 mil víctimas de homicidio doloso, siendo así el mes más violento del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador
La crisis migratoria
Raich expresó que en la región la migración sigue siendo una problemática que pone en riesgo a miles de personas, pues además enfrentan múltiples riesgos como accidentes, enfermedad, desaparición, violencia sexual o amputaciones.
Y ahora están en mayor riesgo por su vulnerabilidad ante el COVID-19, del que se reportan unos 6 mil 500 casos en Centroamérica y 9 mil 500 en México, según cifras de este miércoles de la Universidad Johns Hopkins.
Dijo, además, que otra preocupación en esta pandemia es que las medidas de prevención que se han tomado no violen los derechos de los migrantes y evitar que sean víctimas de discriminación por quienes piensan que son portadores del virus.
Ante ello, el CICR informó que durante 2019 buscó velar por el respeto de los derechos de los migrantes y apoyarlos con asistencia en salud y acciones de protección, además de contribuir para que pudieran mantener el contacto con sus familiares y reducir así el riesgo de desapariciones.
En ese sentido, Martin De Boer, jefe adjunto de la Delegación Regional de la organización, dijo que uno de los principales riesgos que corren los migrantes es que el acceso a la salud ha disminuido en los países de la región debido a las necesidades que se presentan por el COVID-19.
Mientras que para los familiares de desaparecidos se convierte en una complejidad adicional, “pues muchos lugares de búsqueda están cerrados” ya que el COVID-19 “supone una barrera adicional”.
Beneficios para más de 200 mil personas
En el último año, la labor del CICR en Centroamérica y México ha beneficiado directamente a un total de 207 mil 600 personas.
Entre estos también se encuentran personas privadas de libertad que reciben visitas periódicas para asegurar que sus derechos son respetados.
Sin embargo, hoy también representan una preocupación por el riesgo de contagio, por lo que urgieron a garantizar que se evite la entrada del COVID-19 a los centros penitenciarios.
El informe destacó que los países de América Central enfrentan importantes retos, todos ellos relacionados con la atención de la violencia, la migración y las desapariciones, pero también ahora, afrontan el desafío de evitar que el coronavirus derive en miles de muertes como sucedió en Europa.
“En América, se ha podido jugar con un poco de ventaja porque se han podido aplicar medidas de confinamiento y restricción antes que los que había en Europa”, manifestó Raich.
Preocupan agresiones a personal de salud
Las agresiones de las que han sido víctimas profesionales de salud en países como México representan hoy una nueva preocupación para el CICR, pues esto se ha intensificado a la par de la pandemia.
“Me parece inaceptable, inconcebible que no se les respete”, expresó Raich.
En tanto, Martin De Boer señaló que han notado que muchas veces las agresiones vienen de familias que no se pueden comunicar con pacientes que están aislados por el COVID-19, lo que genera enojo hacia el personal de salud.
Para mediar un poco la situación, el CICR ha comenzado un programa piloto para lograr que las personas tengan contacto con sus familiares y así intentar frenar esta oleada de ataques.
Con información de EFE
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