Organizaciones sostienen que el consumo de refrescos está relacionado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares al año
Organizaciones civiles, especialistas en salud pública y activistas se manifestaron en el Senado de la República para exhortar a los legisladores a no retroceder en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava las bebidas azucaradas y con edulcorantes en el marco de la discusión de la ley al respecto.
“El consumo habitual de edulcorantes mantienen el gusto por el sabor dulce, que no existen en los alimentos naturales y recomendados para una vida saludable.
Las personas que sustituyen los refrescos azucaradas, con los refrescos “light” se mantienen cautivas de estos productos y… pic.twitter.com/KU63jQDqiv— Actúa por la salud (@actuaporlasalud) October 28, 2025
En su manifestación, los activistas instalaron una lata de refresco inflable de cinco metros de altura con la palabra “diabetes” en lugar de la marca comercial y una advertencia: “Los edulcorantes también hacen daño”.
De acuerdo con las organizaciones convocantes, el consumo de refrescos está relacionado con más de 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares al año, además de 46 mil muertes atribuibles directamente a estas bebidas.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, advirtió que el impacto sanitario y económico de estas bebidas “es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el país”.
“Los costos los pagamos con un sistema de salud en crisis, incapaz de enfrentar sus daños, como tampoco lo pueden hacer nuestros bolsillos y menos los de las poblaciones más vulnerables”, señaló.
Por su parte, Paulina Magaña, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), urgió a los senadores a mantener e incluso fortalecer el impuesto.
“Estamos ante un momento histórico en el que las y los senadores tienen en sus manos la responsabilidad de proteger la salud de la población mexicana, mediante la aprobación del incremento a los impuestos saludables”, expresó.
Doré Castillo, directora de Salud Crítica y coordinadora de la Coalición ContraPESO, cuestionó que la industria de refrescos haya logrado excluir a las bebidas con edulcorantes del mismo nivel de gravamen.
“La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes para controlar el peso, y estudios científicos advierten riesgos cardiometabólicos por su consumo frecuente”, subrayó.
Desde una perspectiva económica, Iván Benhumea, de la organización Fundar, señaló que la obesidad y el sobrepeso le cuestan a México unos 600 mil millones de pesos al año, equivalentes al 68 por ciento de todos los programas sociales prioritarios.
Calvillo concluyó que los legisladores enfrentan una disyuntiva clara: “El Senado tiene dos opciones: proteger las ganancias de las corporaciones o proteger la salud de la población”.
El pasado 17 de octubre, el Gobierno mexicano anunció un acuerdo con la industria de bebidas azucaradas que incluye la reducción de 30 por ciento del contenido de azúcar en refrescos, restricciones a la publicidad dirigida a menores y una diferenciación de precios entre bebidas azucaradas y sin calorías, a cambio de moderar el incremento al impuesto especial (IEPS) originalmente propuesto.
México es uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año, según datos oficiales.
El consumo de bebidas azucaradas está vinculado con la alta prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2, principales causas de muerte en el país.
Con información de EFE
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