La Profepa ordenó el aseguramiento precautorio de una embarcación varada desde marzo de 2016 en playa de Compostela
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el aseguramiento precautorio de una embarcación varada desde marzo de 2016 en playa de Compostela, Nayarit, y determinó su retiro urgente debido a que genera riesgo para el ecosistema costero y para los turistas.
En un comunicado, informó que en una visita de inspección en la playa Los Ayala, se constató que la embarcación tipo Catamarán de nombre Gran Fiesta Los Ayala se encuentra en malas condiciones.
Refirió que el barco se localiza en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en la localidad Los Ayala y cuenta con dos niveles con dimensiones aproximadas de 18 metros de eslora, 8.20 metros de manga y 2.34 metros de puntal.
Detalló que la embarcación, construida en su mayor parte con material de fibra de vidrio, con barandales y estructuras de acero inoxidable, dos escaleras de acceso una a estribor y otra a babor, de acero inoxidable, techos, cuarto de máquinas, bodegas y baños, no tiene los motores ni los tanques de combustible.
La dependencia mencionó que de acuerdo con el propietario, la embarcación era empleada para realizar paseos turísticos pero en marzo de 2016, a causa de mal tiempo, quedó varada e inmóvil en la playa Los Ayala, obstruyendo el libre tránsito en la Zofemat.
Debido al oleaje que golpea parte del casco y al estar expuesta a las inclemencias del clima, a la nave se le desprenden restos de fibra de vidrio y metal, los cuales quedan sobre la duna costera, advirtió.
Por esta causa, expuso la Profepa, se ordenó el aseguramiento precautorio de la embarcación, así como la medida de urgente aplicación consistente en el retiro de la misma en un plazo máximo de 30 días.
Esa medida, apuntó, será sujeta de verificación y el propietario de la embarcación podría hacerse acreedor a una multa por el equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización vigente, conforme lo establecido en la legislación ambiental.
Además, se presentaría la correspondiente denuncia ante la Procuraduría General de la Republica por los posibles delitos cometidos en contra de la gestión ambiental y se impondría una pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a tres mil Unidades de Medida y Actualización vigente, agregó.
Redacción
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