Un juez federal pidió transparentar y concluir el nombramiento y ratificación de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción
Un juez federal con sede en la Ciudad de México ordenó al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República a que se transparente y concluya el nombramiento de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, fue quien dictó la resolución al juicio de amparo 589/2018.
El juez federal pidió al titular del Poder Ejecutivo Federal que justifique la idoneidad de las personas designadas como magistrados, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
“Para ello (el presidente) debe justificar la idoneidad de las personas designadas como Magistrados Anticorrupción, para lo cual deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas”, detalla la sentencia.
Silva García también ordenó al Senado, o en su caso la Comisión Permanente, decidir sobre la ratificación o no de los magistrados anticorrupción, de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Precisándose que la Cámara de Senadores, o en su caso, la Comisión Permanente deberán realizar una motivación reforzada en que expresen los razonamientos que detallen sustantivamente de una manera objetiva y razonable, por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas, para la ratificación o no de los referidos Magistrados Anticorrupción”, apuntó la sentencia.
Los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción serán los encargados de resolver las sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que realicen faltas administrativas graves, tales como peculado, cohecho, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Dichos magistrados tuvieron que ser nombrados por el Senado antes del 18 de julio de 2017, día en que entró en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción.
Con información de Milenio y El Universal
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