Activistas de Tijuana consideraron que, más allá de ser una política que pretenda solucionar las crisis en la frontera, es un método de dispersión
Organizaciones en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana rechazaron las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos que acogerá a 30 mil migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua al mes, aunque expulsará de inmediato el resto a México.
Los activistas consideraron que, más allá de ser una política que pretenda solucionar las crisis en la frontera, es un método de dispersión al que no todos los migrantes podrán tener acceso por la serie de requisitos que se piden.
Soraya Vázquez, codirectora de la organización Al Otro Lado, dijo que estas medidas “no son ni de lejos lo que Joe Biden había prometido, porque deja intactas estas políticas racistas e inhumanas como el Título 42, que fue impuesto por Donald Trump, pero que parece que Biden la apoya porque no ha decidido eliminarlo”.
A la activista no le sorprende la medida, pues reconoce que es algo que hicieron con los ucranianos, que instrumentaron con los venezolanos y que ahora se integra a los haitianos, cubanos y nicaragüenses.
“Es una forma de someter a estas personas que están huyendo de sus países por diversas razones a una serie de requisitos que difícilmente cumplirán los más necesitados”, dijo.
Vázquez resaltó que este es un procedimiento que “en principio suena muy bien”, pero que en realidad es un proceso complejo y difícil al que las personas no podrán acceder fácilmente, principalmente porque se requiere tener habilidades tecnológicas para poder usar la aplicación del CBP.
Pero lo más complicado, dijo, son los otros requisitos como aplicar sin haber atravesado países para llegar a la frontera, estar en sus países de origen, tener un pasaporte vigente, entre otros.
“Estas personas que son de países con situaciones muy complejas no tienen y ni pueden sacar un pasaporte, lo cual será de entrada un requisito difícil de cumplir”, afirmó.
Agregó que además se debe tener un patrocinador en Estados Unidos, “al cual van a investigar”, porque debe tener una condición de estabilidad y posibilidad de recibirlos y mantenerlos durante un tiempo.
Sin embargo, dijo, “muchos de los más necesitados no tienen un familiar en esas condiciones”.
Gustavo Banda Aceves, director del albergue Embajadores de Jesús, dijo que esta medida no pretende solucionar las crisis fronterizas.
“No soluciona nada para las personas que ya están aquí o que están en camino, que ya atravesaron países y peligros; resulta que ellos ya no podrán calificar”, lamentó.
Isman Plitnoc, originaria de Haití, es madre de un niño pequeño, y junto con su esposo salieron a principios de 2021 de su país natal, a mediados de 2022 fue deportada directamente a Haití, pero emprendió nuevamente la salida y hace un mes que está en Tijuana.
“Nos estamos informando bien para saber cómo podemos ingresar, porque hemos tenido un camino muy difícil, mucha depresión y tristeza y sería injusto que por estar en esta frontera no pudiéramos ingresar”, sentenció.
La medida anunciada por el gobierno estadounidense determina que quienes no cumplan con los requisitos serán expulsados de forma exprés bajo el Título 42, una política migratoria instaurada por Donald Trump (2017-2021), con el pretexto de la pandemia, y que el Supremo ha ordenado mantener al menos durante los próximos meses.
La decisión del Gobierno estadounidense se da después de que durante el año fiscal de 2022 se registrase la detención de 2,76 millones de migrantes indocumentados, una cifra inédita.
Durante 2022, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México recibió 118 mil 478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131 mil 448 casos.
Con información de EFE
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