
Los padres de dos de los supuestos violadores de Daphne acusaron a Javier Fernández de ser favorecido por las autoridades en el caso
En una entrevista para Radio Fórmula, Felipe Capitaine y Hector Cruz, padres de dos de los presuntos violadores de Daphne, negaron tener relación con el gobernador Javier Duarte y acusaron al padre de la joven de ser favorecido por la autoridad.

Los padres de dos de los supuestos violadores de Daphne aseguraron que una juez de Ministerio Público ha favorecido a Javier Fernández en el caso de la violación, debido a que es su amiga.
“Hubo favoritismo”, acusaron, diciendo que el 17 de mayo de 2015, un día después de presentarse la denuncia contra los cuatro jóvenes, ya se habían descargado las pruebas para el caso.
Asimismo, acusaron que la juez había hecho un oficio sobre el caso el 14 de mayo, a pesar de que la denuncia se presentara tres días después. “Esto estuvo planeado con la autoridad. No hay otra forma de ver esto”, aseguraron.
Los dos negaron tener relación con el gobernador Javier Duarte, a pesar de las acusaciones de fuentes extraoficiales de que no se podían sancionar debido a que eran muy cercanos a la administración estatal.
“Conocemos a Javier Duarte, no tenemos ninguna relación con él”, aseguran, a pesar de que Capitaine fue alcalde de Nautla por el PRD en el 2000; además de trabajar en el gobierno entre 1974 y 1985.

El padre de Felipe Capitaine recordó que llegó con engaños a una reunión con Ricardo Fernández, pensando que iban a hablar de un negocio de bienes raíces por la construcción de una torre cerca de su casa.
En el lugar también se encontraban las familias Cruz, Cotaita y Rodríguez, a quienes supuestamente Ricardo Fernández amenazó diciendo que ya había contratado a un criminal para matarlos.
Por su parte Héctor de la Cruz dijo que en la parroquia donde se reunieron “había una escena de violencia” contra las familias y los supuestos violadores.
Además, no se atrevió a decir que Javier Fernández llevara un arma de fuego, ya que solo dijo que tenía una carpeta sin que supiera cual era su contenido.
Los dos coincidieron en que Ricardo Fernández les había exigido un millón de pesos cada uno para dejarlos salir, los cuales irían a una fundación para las menores de edad violadas.

Redacción