Hace cuatro años ocurrió el desalojo violento de la Autopista del Sol, donde murieron dos normalistas y el empleado de una gasolinera
A las 12:05 h del 12 de diciembre de 2011, comenzó la batalla feroz entre normalistas de Ayotzinapa contra policías estatales y federales en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo.
Treinta minutos duró el desalojo violento de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que demandaban, al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mejoras en su escuela, plazas para los egresados y que la matrícula de 140 alumnos de nuevo ingreso aumentara a 170.
Los estudiantes lanzaban piedras, palos, cohetones y bombas molotov. Mientras que los uniformados respondían con gases lacrimógenos y, posteriormente, disparos que provocaron la muerte de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
En esos momentos de alta tensión, alumnos prendieron fuego a una bomba despachadora de la gasolinera “Eva Tres”, que se encuentra a unos cuantos metros de ese tramo carretero y qué, al final, causó la trágica muerte de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de la estación de servicio.
Aquí algunos datos para recordar los hechos de hace 4 años.
-En el desalojo murieron dos estudiantes de Ayotzinapa, el trabajador de la gasolinera “Eva Tres”, hubo seis heridos y más de 50 detenidos.
-Ningún responsable de los homicidios y lesiones en agravio de los normalistas está preso.
-En enero de 2012, la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero detuvo a los agentes ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores como presuntos autores materiales del asesinato de los dos normalistas. Sin embargo, en 2013, los dos agentes fueron puestos en libertad, luego de que un juez federal les concedió un amparo.
-Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación por violaciones graves que envió al Gobierno de Guerrero, a ambos judiciales se les ve portando rifles AR-15 en posición de tiro hacia la Autopista del Sol en dirección donde los dos jóvenes caen muertos a balazos.
–Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de la gasolinera, murió en el minuto 40 del 1 de enero de 2012, en el área de terapia intensiva del hospital Lomas Verdes del IMSS, luego de 19 días de agonía a consecuencia de las graves quemaduras que presentaba en 40 por ciento de su cuerpo.
-El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que no dejaría su cargo y afirmó que había personas que buscaban desestabilizar su gobierno. “Yo fui designado por cuatro años y siete meses. Y mientras no me aparte de la ley ni viole ningún precepto, aquí seguimos, no porque esté casado con el cargo, tampoco, esto es así”.
-En ese operativo policíaco participaron 168 servidores públicos: 61 pertenecientes a la Policía Federal, 73 elementos de la ministerial y 34 de la policía estatal. De ellos, 91 portaban armas de fuego y no hubo evidencias de que los estudiantes llevaran armas de fuego.
-En marzo de 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 30 recomendaciones relacionadas con los hechos: trece de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobernador de Guerrero, cuatro exclusivas a la entonces SSP federal, once al gobernador del estado y dos al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Congreso de Guerrero.
-La CNDH observó que los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de reprimir la manifestación.
-El entonces titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, acusó al ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, de fabricar culpables y sembrar pruebas, pues entregó dos videos editados, mintió al informar que los policías ministeriales llegaron al lugar de los hechos “cuando los estudiantes ya habían muerto, lo cual es falso, ya que se comprobó que llegaron minutos antes de que los estudiantes murieran”.
-El entonces comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, manifestó que se enteró del operativo una hora después de que los hechos se habían iniciado.
-En octubre de 2014, el entonces secretario del Trabajo de Guerrero, Alberto López Rosas, pidió que el caso fuera reabierto para que se castigara a los culpables. López Rosas, quien fue el procurador general durante los hechos, acusó al entonces titular de la SSPF, Genaro García Luna, de violar la ley.
-En su informe de 2012, la CNDH advirtió sobre la “inadecuada atención de la problemática prevaleciente en Ayotzinapa. Y concluyó:
“La falta de evidencias que permitieran acreditar acciones eficaces y una política pública integral para atender con la debida diligencia y cuidado la citada problemática social, cultural, económica y política que presenta la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aunado a la forma en que se decidió contener la manifestación que se generó por ese motivo el 12 de diciembre de 2011, representó para este Organismo Nacional una muestra de negligencia e intolerancia institucional por parte del Gobierno del estado de Guerrero en la atención de reclamos colectivos”.
Y a los muertos, nunca se les hizo justicia.
Documento completo de las recomendaciones de la CNDH para este caso.
Por Karla Ruiz.
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