Si bien la cifra de muertes disminuyó de 4.2 en 2010, al 3.1 actual, se han incrementado los casos de violencia de otras formas
En el país, a diario mueren por violencia 3.1 niños y adolescentes, por lo que es necesaria una coordinación y articulación que genere una visión conjunta para combatir la problemática, aseguró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Antonio Bucio Mújica.
Al término de la inauguración del Primer Encuentro de la Red Nacional de Adolescentes, el funcionario dijo que si bien la cifra de muertes disminuyó de 4.2 en 2010, al 3.1 actual, se han incrementado los casos de violencia de otras formas, ya que entre 2006 y 2015 casi siete mil niños y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos, no han sido localizados.
A ellos, precisó, se suma una gran cantidad de reportados como no localizados y que fueron encontrados gracias a la alerta Amber, mientras que uno de cada tres adolescentes dice sufrir violencia dentro de la escuela, acoso, y existe un creciente número de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, lo que coloca al país en el primer lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este rubro.
Agregó que en todas las entidades del país existen casos de violencia; sin embargo, hay casos preocupantes, como en Guanajuato, donde se tienen muchos reportes de violencia corporal y de desaparición de niños, al igual que el Estado de México y Tamaulipas, mientras que Quintana Roo tiene una grave incidencia en turismo sexual infantil, y Tlaxcala de trata de personas.
“Son problemáticas que involucran a distintas entidades federativas, por eso es importante que la política no sólo sea nacional, sino que cada estado tenga su propia política de protección a adolescentes, compromiso que se hizo en la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde el pasado mayo se acordó que cada localidad, antes del finalizar septiembre, va a tener una propuesta de política de protección integral para los adolescentes”, abundó.
En el caso de los reportes de desaparición, subrayó que están ligados a situaciones de crimen común y organizado, y muchos de ellos también a situaciones no resueltas de conflictos familiares, “el tema de la mediación familiar es también de protección integral para los niños, tan fuerte como lo es el tema de seguridad pública”, indicó Bucio Mújica.
En ese sentido, refirió que lamentablemente en seguridad pública se invierten muchos recursos públicos, a diferencia del tema de la protección a las familias.
Explicó que de acuerdo con la UNICEF México, se deberían otorgar dos mil 500 millones de pesos para atender a 40 millones de niños y adolescentes en el país, cifra que no se invierte, en tanto que algunas entidades sólo gastan 16 por ciento de lo que deberían para la protección de niños y adolescentes.
Para avanzar en la materia, subrayó que uno de los retos es generar relevancia política para dicho sector de la población, ya que son 13 millones de personas que tienen entre 12 y 17 años de edad, y que son vistos desde la política pública como un tema de conflicto.
Detalló que los sectores con menos inversión son la primera infancia, que abarca de los 0 a los 5 años, y la adolescencia.
“Hay muchísimas atenciones distintas pero desarticuladas, de cero a cinco años vamos avanzando, pero si se requiere inversión pública, sin duda aumenta mucho en la edad de educación primaria y vuelve a bajar en la adolescencia, cuando tenemos menos cobertura educativa, de servicios de salud, y mucho menos acciones directas de los gobiernos”, dijo Bucio Mújica.
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