Morena logrará que el dictamen de la iniciativa preferente del presidente la Ley Eléctrica pase al Pleno ‘sin tocarle una coma’
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pero Morena impidió que emitiera un pronunciamiento formal.
Se espera que la iniciativa sea aprobada sin modificaciones, en concordancia con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en una conferencia de prensa, donde recalcó que no hará corrección alguna a su proyecto.
Durante la discusión, la Comisión de Economía aseguró que la reforma afectará la competitividad del sector eléctrico, a consumidores e inversionistas, además de contravenir tratados internacionales.
Los diputados integrantes de la Comisión advirtieron que la iniciativa, como está redactada, lesionaría las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica al eliminar la regla de despacho de electricidad más barata para beneficiar a la CFE.
Criticaron que restringe sin justificación el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución, “con lo que se quebranta la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución”, mismas que son indispensables para la competencia en la generación y suministro.
La Comisión de Economía cree que la iniciativa tendrá efectos negativos sobre las finanzas públicas, el medioambiente y los consumidores, puesto que, adelantan, encarecerá el sistema eléctrico.
Considera así inviable la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Pero con 16 votos a favor se retiró la orden del día en la Comisión de Economía por lo que de acuerdo con el reglamento se considerará favorable la opinión sobre la iniciativa de reforma.
La Cámara de Diputados analiza, desde febrero, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limitaría la generación privada de energías renovables y priorizaría la eléctrica del Estado.
La iniciativa “se envió a la Comisión de Energía para dictamen, y a las de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión”, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
Ese es el paso previo a que el dictamen de ley llegue al Pleno de la Cámara de Diputados.
Al tratarse de una iniciativa preferente, el Congreso tiene 30 días para aprobarla desde que el presidente la enviara, algo que ocurrió el lunes 1 de febrero.
La reforma presentada por López Obrador busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para beneficio del interés nacional”.
La norma modifica el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas, que deberán priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política de la Sener fue parcialmente suspendida este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa preferente del presidente sorprendió porque no se había anunciado previo al inicio del último periodo de sesiones del actual Congreso, que comenzó el 1 de febrero.
La nueva normativa también obligaría a que los nuevos permisos del sector estén “sujetos a los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía.
También cambian las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.
Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.
Por último, ordena revisar la “legalidad y rentabilidad” de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.
Con información de López-Dóriga Digital
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