La disculpa pública ocurrió antes del Día Internacional de la Mujer atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El Gobierno de México ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas de seis feminicidios y la desaparición de una bebé que sucedieron hace más de 20 años y que no han sido resueltos, en un acto Ciudad Juárez, epicentro de la violencia feminicida en México.
La disculpa pública ocurrió dos días antes del Día Internacional de la Mujer atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el acto fue realizado en el Memorial del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, donde fueron encontradas 8 mujeres asesinadas hace más de dos décadas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Interior), Félix Arturo Medina Padilla, declaró que el Estado mexicano reconoce que “no hizo lo que tenía que hacer cuando se dieron estos lamentables hechos, aunque sea dos décadas después”.
Las autoridades pidieron la disculpa pública a Julia Caldera Chávez, madre de María Elena Chávez Caldera asesinada en el 2000; Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, asesinada en 1998; Irma Pérez Franco, madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada en 1995, y Juana Rodríguez Bermúdez, madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003.
La disculpa también incluyó a María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lead, madre y tía de Cecilia Covarrubias Aguilar, asesinada en 1995, así como de la bebé Ibarra Covarrubias desaparecida desde 1995; Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos, madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995.
La disculpa pública es consecuencia del Informe de fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además exige acciones para resolver los casos y evitar nuevos crímenes contra mujeres.
“El Estado falló en proteger la vida, la integridad personal, la libertad, la personalidad jurídica, las garantías judiciales, la honra y la protección judicial de las víctimas, y además vulneró los derechos humanos de los familiares que no han dejado de exigir justicia”, dijo el subsecretario.
“Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas a la vida, no sólo las autoridades no les protegieron, sino que en muchos casos fueron las que perpetraron o toleraron la violencia, y fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad, por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en un ambiente de pobreza”, reconoció.
Paola Flores Bonilla, madre de Sagrario Flores, agradeció el apoyo de la Fundación Kennedy, al centro de desarrollo integral para las mujeres, por hacer llegar la denuncia a una instancia internacional.
“No siento pena por aceptar esta disculpa pública la cual debería ser para cada madre y familia de las que nos han desaparecido y asesinado a nuestras niñas. El daño emocional y los perjuicios que sufrimos trascienden a nuestras generaciones. Son difíciles de reparar”, dijo la madre desconsolada ante los asistentes.
“Van 26 años buscando el rostro de mi hija asesinada en otras jovencitas, de sentir la rabia la impotencia y el dolor por falta de justicia, me dañó aún más leer los tomos del expediente de mi hija lleno de tanta crueldad y tanta negligencia. Nadie ha podido ponerle un alto a los asesinatos de niñas y mujeres, ni un castigo a los funcionarios negligentes”, añadió.
Gobierno, mucho trabajo por hacer
Alfredo Limas Hernández, integrante de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, que promovió las quejas ante la CIDH dijo que el Gobierno mexicano tiene todavía mucho trabajo por hacer.
“Falta todo, ningún caso tiene conclusiones finales, ni el lote Bravo, ni Lomas de Poleo, ni los casos de niñas como Sagrario, ni los casos de niñas como Brenda Berenice, ni ningún caso de lugares como Campo Algodonero, el Navajo o Cristo Negro tienen conclusiones finales”, señaló.
Dijo que los grandes criminales siguen beneficiados como actores en la impunidad y que la disculpa pública del Gobierno mexicano significa una llamada de atención a la autoridad que sigue siendo omisa y negligente porque no imparte justicia.
La fronteriza Ciudad Juárez se apuntó nuevamente en 2023 como el epicentro de la violencia contra las mujeres en México, con 155 asesinatos de mujeres, de los que 25 se tipificaron como feminicidios, la cifra más alta a nivel del país.
Con información de EFE
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