El subsecretario Encinas atribuyó a las fiscalías la impunidad en asesinatos de periodistas, que se encuentra por arriba del 95 por ciento
El Gobierno de México atribuyó a las fiscalías del país la impunidad en casos de periodistas asesinados –siete en lo que va de año– y recordó que les corresponde a estas la labor de investigación, no a los mecanismos de protección de informadores.
“Las cosas ya no pueden seguir así y tiene que haber cambios. Hay que cambiar las cosas. Existe el problema de la impunidad, la falta de castigo, y las fiscalías no están haciendo su trabajo”, expresó durante un simposio sobre la situación de periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas.
El subsecretario consideró “urgente” realizar cambios en las estrategias para proteger a los comunicadores en un país en el que, según la organización Artículo 19, han sido asesinados siete periodistas en lo que va de año -cifra idéntica a la total de 2021- y 152 desde el 2000 hasta la fecha.
El último de ellos fue el periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro, en su casa y frente a sus hijos.
Dichas declaraciones tuvieron lugar en el panel “La libertad de expresión en México: amenazas, avances y retrocesos” realizada durante el Foro Libertad de Expresión, organizado por Artículo 19 y la embajada de Noruega en México.
Durante el evento, Encinas conversó con los reconocidos periodistas Carmen Aristegui (como moderadora), Marcela Turati, Ismael Bojórquez y Lucía Lagunes, además de la oficial de Protección y Defensa de Artículo 19 México, Paula Saucedo.
El político reconoció el contexto “muy crítico” para los periodistas en el país y aseguró que también es obligación del Gobierno mexicano aceptar su responsabilidad y generar acciones para revertir la situación.
Sin embargo, deslindó al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (que depende de la Secretaría de Gobernación) y a los mecanismos estatales de responsabilidades en cuanto a la impunidad en casos de homicidios a informadores, que se encuentra por arriba del 95 por ciento.
Encinas consideró que “el fenómeno es muy complejo”, que se viene arrastrando “desde hace décadas” y que está muy relacionado con grupos delictivos enquistados en las instituciones públicas.
Críticas que aumentan la crispación
El resto de ponentes del panel opinaron que las recurrentes críticas a medios de comunicación y periodistas por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hacen más a abundar en la vulnerabilidad de la prensa.
“No es una anécdota, no es un elemento colateral, no es una cosa secundaria. En mi opinión, que el presidente asuma posturas tan directas con nombres y apellidos con una agresividad notable es un factor importantísimo que agudiza una problemática de hace muchos años”, compartió Aristegui, que ha sido señalada directamente por el mandatario.
Por su parte, Saucedo destacó la importancia de la reciente resolución de carácter urgente del Parlamento Europeo (PE) en la que los eurodiputados condenaron las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instaron a que estos crímenes se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.
“Uno esperaría que desde el Ejecutivo se tomaría con responsabilidad”, dijo Saucedo en referencia a la dura respuesta del presidente de México, en la que tachó a los eurodiputados de “borregos”, y denunció “la corrupción, hipocresía e injerencismo” del Parlamento Europeo.
Tras un momento de tensión en el que varios periodistas presentes en el evento acusaron al Gobierno de no ofrecer protección ni lograr que se investiguen todos los casos de informadores asesinados, los ponentes coincidieron en la importancia de preservar la libertad de expresión y el derecho a ejercer la labor periodística.
“No hay condiciones para hacer un periodismo en la calle, no hay garantías, es muy obvio que el clima de violencia contra los periodistas está inhibiendo el trabajo periodístico y eso va en detrimento de los derechos y la democracia” expuso Bojórquez, director del semanario Ríodoce.
“Matar a un periodista es silenciar la causa que estaba investigando y es un bien social. No se entiende, el mensaje ha sido muy duro, el mensaje es muy fuerte”, sentenció Turati.
Con información de EFE
Minuto a minuto
