El gobierno mexicano reconoció ante CoIDH su responsabilidad en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006
El gobierno de México reconoció este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) su responsabilidad en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México.
Asimismo, reiteró su disposición para atender de manera optima las medidas de reparación que pueda ordenar la CoIDH.
Durante el segundo día de audiencia por el caso del operativo en San Salvador Atenco y Texcoco, donde 11 mujeres denunciaron tortura sexual, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), defendió la postura del gobierno de México ante la resolución que emitió en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La decisión por parte del Estado para enviar la fuerza fue justificada legalmente. La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó, primero en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de comerciantes y, después, para restablecer el estado de derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machete, palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera”, indicó citando la resolución final de la Corte en 2007.
El funcionario aseguró que no hubo órdenes explícitas de violar los derechos humanos, aunque reconoció como “excesos” las violaciones que se realizaron a las garantías individuales.
Por su parte, Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, afirmó que la posición del Estado ha sido rechazar la tortura como práctica sistemática.
Asimismo, solicitó que se lleve a cabo una investigación sólida y que se reconozca que las mujeres han sobrevivido violaciones de derechos humanos.
“Las once mujeres acuden hoy ante esta corte para solicitar medidas en tres rubros fundamentales para ellas: verdad, justicia y no repetición. Queremos ser muy enfáticas en decir que la impunidad fomenta la repetición. Ayer pudieron escuchar a Claudia y Patricia Torres cómo cada vez que ocurren violaciones de derechos humanos esto les genera sentimientos renovados de impotencia y el dolor”, señaló.
El caso llegó a la Corte luego de que en 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la queja admisible, por lo que en octubre de 2015 se aprobó el Informe de Fondo, en el que se resolvió a favor de las mujeres, quienes fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual.
Con información de Milenio
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