López Obrador insiste que aplica una política de “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen se basa en políticas sociales
El análisis de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el colectivo Guacamaya, revelan que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantiene las estrategias de la llamada “guerra contra el narco” pese a negarlo.
El informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena“, realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta y publicado este martes, analiza la base de datos que las autoridades mexicanas recopilan acerca de los eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020.
A partir del estudio de dicha base de datos, que no es de dominio público y que las organizaciones recopilaron a partir de los miles de correos filtrados el año pasado en el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks“, se desprende la perspectiva que el Ejército tiene de la lucha contra el narcotráfico, sus sesgos y sus negligencias.
López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”, afirmó en una conferencia de prensa Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica.
El mandatario mexicano ha insistido que él aplica una política de “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen organizado se fundamenta en políticas sociales.
En el 98.9 por ciento de los 58 mil 183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70 mil 898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así.
Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130 mil 583 homicidios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), significa que el Gobierno atribuye el 54.2 por ciento de ellos a la lucha contra el narcotráfico.
Solo en el 5.4 por ciento de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; en el 52.6 por ciento se anotó su nombre; en el 73 por ciento se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3 por ciento se reportaron acciones de seguimiento legal.
La información sobre los eventos, de por sí escasa, disminuye aún más cuando es resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon.
Entonces, el nombre de la víctima tan solo aparece en el 36 por ciento de los casos, y el calibre y el seguimiento legal en el 8 por ciento.
“Cuando están presentes (las autoridades), el reporte empeora. Y si reconocen que emplearon armas de fuego, es aún peor”, lamentó Franco.
Con esta ocultación de información, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos.
Siguiendo esa estrategia, incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.
“Se ha apostado por una política de guerra y estos diagnósticos nos dicen que (las autoridades) tienen que sustentar la idea de que las Fuerzas Armadas estén en la calle”, valoró Mónica Meltis, directora de Data Cívica.
Una continuación de sexenios anteriores
Las organizaciones consideraron que esta base de datos es una continuación de la que recopilaron en anteriores sexenios los presidentes Felipe Calderón (2006-2012), quien declaró la llamada “guerra contra el narco“, y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Está información, ahondaron, es la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.
“La base de datos es la misma, la misma categorización estigmatizante, e incluso se ha profundizado”, subrayó Meltis.
Que las víctimas no importen
Con dicha estigmatización de las víctimas, remarcó Estefanía Vela, directora de Intersecta, el Estado mexicano pretende instaurar una narrativa en la que “la gran mayoría de las víctimas no importen”.
Todos los eventos en los que participó alguna autoridad en un cruce de fuego, el 9.3 por ciento del total, se registraron como “agresión”, por lo que dan a entender que ellos fueron la parte agredida y que simplemente repelieron un ataque.
Esto ocurre incluso en casos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobaron que las autoridades asesinaron civiles.
Esta narrativa de que (los miembros del crimen organizado) se matan entre ellos no es nueva, y se utiliza para librarse de responsabilidad en muchos de estos homicidios”, sentenció Franco.
Con información de EFE
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