La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la suspensión del registro de Naasón Joaquín García como ministro de culto
Por Fred Álvarez Palafox
En el complejo ecosistema de las relaciones Estado-Iglesias, la forma suele ser fondo. En la mañanera de este viernes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció con tono de novedad la suspensión del registro de Naasón Joaquín García como ministro de culto ante las autoridades mexicanas. El anuncio, sin embargo, deja un sabor agridulce y una pregunta en el aire: ¿es justicia real o simplemente burocracia tardía?
Para quienes conocemos el tema a fondo —y sospecho que la secretaria no lo conoce con esa misma profundidad—, la distinción técnica es vital, pero sus implicaciones políticas son aún más profundas. Lo que se ha suspendido es meramente el registro individual de Naasón en el padrón de los más de 107 mil ministros registrados en el país. Una raya más al tigre para un hombre que purga una condena de 16 años en California por delitos que agravian la dignidad humana.
Sin embargo, el elefante en la habitación sigue ahí: la Asociación Religiosa (AR). La estructura jurídica de la Iglesia La Luz del Mundo permanece intacta, blindada por un andamiaje legal que exige acreditar faltas “sistemáticas” para ser removida. Suspender al ministro es apenas podar una hoja de un árbol que mantiene sus raíces bien hundidas en el reconocimiento legal del Estado.
La Secretaria apela a la “prudencia”. Sostiene que el gobierno actúa solo cuando la autoridad judicial da el parte. Pero, caray, ¿cuánta prudencia cabe frente a una sentencia firme en el extranjero que data de 2022? Naasón perdió su autoridad moral y su libertad hace mucho; que apenas hoy el Estado mexicano le retire la “etiqueta” oficial de ministro suena más a un trámite de archivo empolvado que a una acción contundente de justicia.
Mientras la justicia estadounidense fue expedita al desmantelar la impunidad del llamado “Apóstol de Dios”, en México el reloj administrativo parece haberse detenido en una pausa cómplice. La baja formal en los registros de Bucareli llega con un retraso que raya en la irrelevancia. Mientras la AR mantenga su estatus, la estructura que permitió el ascenso y la protección del líder sigue operando bajo el amparo de la ley.
¿Justicia o trámite? Al calificar la medida como parte de las “investigaciones”, el gobierno intenta proyectar un rigor que no tiene. Para el observador atento, queda claro que se trata de una reacción reactiva, no de una política proactiva de supervisión.
Retirarle el título de ministro a un sentenciado no es nota; es, en todo caso, la fe de erratas de un sistema que tardó demasiado en leer la realidad.
La verdadera noticia, la que sacudiría el, habría sido la suspensión del registro como AR, con lo que implica. Lo que hizo Rosa Icela hoy, con todo respeto es un chiste
Minuto a minuto
