Desde que en 2008 los militares comenzaran a ejercer tareas de seguridad pública, no hay una ley que de certidumbre a su actividad
Las operaciones militares realizadas por instrucciones presidenciales desde 2008 en tareas de seguridad pública, que eran una medida temporal, se han extendido casi una década por la penetración del crimen organizado en las policías estatales y municipales.
Por ello, se ha hecho inevitable que se deba regular la intervención de las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles.
A finales del año pasado, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, levantó la voz, y en un enérgico discurso pidió la aprobación de un marco legal que regule la participación de las Fuerzas Armadas y precisó: “Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. Y agregó: “La inseguridad en México no se resolverá a balazos”. La fuerte exigencia fue respaldada por el almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sainz.
En el marco del Consejo Nacional de Seguridad, en diciembre de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto urgió al legislativo a debatir y aprobar la Ley de Seguridad para dar certidumbre legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas policíacas.
Actualmente se discuten en la Cámara de Diputados cuatro iniciativas de Ley sobre Seguridad Interior. Las presentadas por el senador Roberto Gil Zuarth (PAN); el senador Miguel Barbosa (PRD); los diputados Sofía Tamayo y César Camacho (PRI) y el diputado Jorge Ramos (PAN).
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, asistió a la Cámara de Diputados. Allí, les solicitó que aprueben la LSI, precisándoles que no se busca militarizar al país. Que han tenido que permanecer las Fuerzas Armadas en los Estados porque las autoridades locales no han hecho su trabajo en el tema de formación policiaca.
También informó que en los próximos días se presentará el diagnóstico completo que se está realizando con autoridades locales sobre sus policías y que se construye un acuerdo para capacitarlos con el fin de que los militares puedan regresar a sus cuarteles.
La petición del secretario ya está, y la minuta sigue sin avances en la Cámara de Diputados.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, se comprometió a que si la Cámara baja no legisla la regulación, será el Senado el que lo haga.
La realidad es que la iniciativa hoy sigue pendiente y, por ende, las acciones de seguridad de las Fuerzas Armadas quedan expuestas a ser señaladas como violatorias de los derechos humanos.
Por Dolores Colín
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