La Procuraduría de Tamaulipas atiende e investiga la denuncia de Organización Civil en Nuevo Laredo por presunta ejecución extrajudicial de ocho presuntos delincuentes
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que el enfrentamiento entre policías estatales y presuntos delincuentes el pasado 5 de septiembre en Valles de Anáhuac, se trató de un escenario prefabricado por los oficiales para llevar a cabo la ejecución extrajudicial de ocho presuntos delincuentes.
A través de un comunicado, explicó que el hecho guarda similitudes con el caso Tlatlaya y que en el mismo participaron elementos de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), así como los policías estatales.
El organismo señaló que en la vivienda donde se realizó el operativo, en el cual la Secretaría de Seguridad Pública del estado se abatió a ocho integrantes de la “Tropa del Infierno” del Cártel del Noreste, en realidad vivía una familia compuesta por un hombre llamado Severiano Treviño Hernández, así como su hija Kassandra y una niña de dos años.
Añadió que en el lugar no se encontraron impactos de bala que permitieran pensar en un enfrentamiento, además de que a los presuntos delincuentes les dieron el tiro de gracia, lo que hace pensar más en una ejecución extrajudicial.
Esta versión concuerda con los dichos de los vecinos de Valles de Anáhuac, quienes negaron haber escuchado una balacera al momento de los hechos.
“Tres balazos, pero no seguidos, como ráfagas no, nomás uno como cuando golpean la puerta, ráfagas no se oyeron, solo balazos aislados”, señaló uno de ellos.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos relató que no se hallaron huellas de un enfrentamiento en las viviendas aledañas a donde ocurrieron los hechos, y aseguró que la imagen donde se pueden ver a hombres y mujeres con uniforme militar y portando armas largas se trata de un montaje.
Añadió que no solo no se hallaron imágenes o videos de la balacera, sino que se descubrieron varias fotografías con policías comprando refrescos y botanas poco después del operativo.
De acuerdo con Kassandra, la hija del dueño de la casa, los policías la golpearon con sus armas y la obligaron a ponerse un uniforme militar, sin embargo perdonaron su vida y la de su hija.
En cuanto a una camioneta con blindaje artesanal asegurada al exterior del lugar, el Comité señaló que en realidad fue trasladada hasta el sitio por una grúa del tránsito municipal, cuyo conductor fue amenazado de muerte para que no comentara lo ocurrido.
Ante todos estos hallazgos, el Comité solicitó al presidente López Obrador, así como a los titulares de Sedena y Segob, así como a la FGR y a la CNDH su intervención para proteger a los testigos y que se investigue lo que ocurrió en realidad.
Ante estos hechos la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas señaló que se abrió una carpeta de investigación ante la denuncia realizada por “una organización civil en Nuevo Laredo”.
Con información de Milenio
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