Todos los que visitaron a El Chapo Guzmán en El Altiplano están bajo sospecha, así como personal del penal y servidores públicos.
Luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del Centro de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en donde estuvo preso durante 16 meses, las autoridades investigan la red de apoyo que permitió su huida.
El Gobierno Federal mantiene bajo sospecha a todos los visitantes que acudieron al penal de máxima seguridad a verlo. También se investiga el grado de participación de servidores públicos federales o estatales, para determinar quien entregó los planos de El Altiplano a los abogados de El Chapo, mismos que facilitaron su evasión.
Son más de 30 empleados del penal que están siendo interrogados para determinar si estuvieron implicados en la fuga. Entre los que declaran están Valentín Cárdenas Lerma, director del penal; el subdirector; los elementos del sistema de vigilancia; los custodios; y el personal de medicina que atendía a Guzmán Loera.
El día de ayer, 18 de ellos fueron trasladados a la SEIDO, y otros 13 declararon desde el CEFERESO. Una de las líneas de investigación es que hubo funcionarios que facilitaron la evasión, ya que nadie se dio cuenta de las obras de construcción del túnel.
La PGR solicitó a las autoridades penitenciarias el registro de los visitantes de El Chapo, ya que “todos están bajo sospecha”. Cualquiera de ellos pudo tener alguna participación en el plan de fuga. Se cree que tuvo que haber apoyo interno y externo, y que todo el operativo se informó a Guzmán Loera con anterioridad.
Sin embargo, otra línea de investigación es conocer quién facilitó al Cártel de Sinaloa los planos del penal. Es una información considerada de seguridad nacional, por lo que son pocas las personas que tienen acceso a ellos.
Denuncian anomalías
Por su parte, familiares y abogados de los custodios arraigados denunciaron que la PGR los mantiene incomunicados, y que les han negado el derecho a nombrar un abogado defensor. Por lo anterior, afirman que realizarán un juicio de amparo.
Un representante legal de dos custodios, Edmundo Tamayo Díaz y Magali Belén Herrera Maya, aseguró que acudirá a la CNDH porque a sus clientes no se les permitió hacer una llamada para informar a sus familiares de su detención.
Con información de El Universal.
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