El INE detalló que interpuso el recurso debido a que las modificaciones legislativas en el Plan B de la Reforma Electoral crean condiciones que merman su autonomía
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022.
A través de un comunicado, el INE indicó que dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto sobre el Plan B de la Reforma Electoral, crea condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, apuntó el INE.
El Instituto consideró que el decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se le impide ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
También se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado de manera apresurada y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, aseguró.
Con información de López-Dóriga Digital
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