El INE resolvió declarar improcedentes medidas cautelares contra el presidente López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas, pero pidió imparcialidad
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como por María Marcela Torres Peimbert, diputada federal, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales.
Así, los consejeros electorales consideraron improcedente la aplicación de medidas cautelares por la difusión del documento del BOA durante una conferencia matutina.
Pese a esto, enviaron una advertencia a ambos, pues consideraron que las conferencias pueden ser consideradas como un espacio de difusión de acciones de Gobierno por lo que debe cumplir las limitantes establecidas en la Constitución.
Dadas las características y contexto del caso, el hecho de que actualmente están en curso dos procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, da lugar a reiterar las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”, indicó el INE.
Finalmente, el INE envió un pronunciamiento para servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de Gobierno.
Especialmente y de manera destacada al presidente de la República y al vocero de esa dependencia pública (por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Reiterando la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales y de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”, añadió.
Con información de López-Dóriga Digital
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