En este 2023 se disparó el número de familias según las organizaciones civiles y de derechos humanos por consecuencia del accionar de los carteles de droga
Con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres se llevó a cabo el segundo encuentro de Mujeres Indígenas Desplazadas Forzadas Internas en Chiapas, donde exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acto, que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, reunió a indígenas de los municipios de Nueva Palestina, Aldama y Chalchihuitán, en donde hay más de 10 mil personas desplazadas por la violencia generada por grupos armados que se disputan el control territorial.
Esta disputa se da en algunos casos por conflictos agrarios, presiones políticas comunitarias, conflictos religiosos y, recientemente en la franja fronteriza México-Guatemala, por el crimen organizado de los carteles de droga, en disputa por el territorio.
Este desplazamiento forzado ha traído sufrimiento a la población, aseguraron, toda vez que ha generado miedo y terror al grado de huir para salvar la vida, dejando su vivienda, la siembra y sus animales, perdiendo todo derecho.
Como es el caso Elicia Gómez García, indígena tzotzil de Chalchihuitán y vocera de la Coordinación de Mujeres Desplazadas, quien cuenta a EFE que ha emprendido la lucha de justicia por el asesinato de su esposo, Samuel Luna Girón, el 18 de octubre de 2017, en la comunidad Kalumtik, y desde entonces fue obligada junto a su familia a huir por los constantes ataques armados.
“En nuestro municipio no tenemos derecho de participar en las asambleas, en las reuniones no somos tomadas en cuenta. Como mujeres estamos maltratadas, discriminadas. Estamos sufriendo mucho”, dijo la vocera.
Agregó que “también no tenemos derecho a participar como autoridades, hay mujeres que participan, pero no hablan, no más están calladas, pero son autoridades que no participan. Solo los hombres participan”.
Según datos recabados por las desplazadas en 2017, un promedio de 5.023 personas de 10 comunidades de su municipio se encuentran en esta condición. Por esta razón exigen justicia y reparación integral del daño causado durante todos estos años que han sobrevivido con este desplazamiento.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de 15 municipios por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.
Tan solo de 2010 a 2021 se documentó el desplazamiento de 14.476 desplazados por motivos religiosos y conflictos armados en Chalchihuitán, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.
En este 2023 se disparó el número de familias según las organizaciones civiles y de derechos humanos por consecuencia del accionar de los carteles de droga.
Con información de EFE
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