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Foto de internet

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Oaxaca detalló que realiza investigaciones a 90 ex presidentes municipales por el desvío de mil 94 millones de pesos.

A estos ex ediles, pertenecientes a diferentes partidos políticos, se les abrió indagatorias por los delitos de fraude, abuso de autoridad y peculado, esto entre las administraciones que comprenden entre 2005 y 2019.

Se detalló que existen  334 carpetas de investigación por abuso de autoridad, 40 por daños, 21 por despojo, dos por encubrimiento, dos por abuso de confianza, 117 por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, 35 por amenazas, 22 por lesiones y cuatro por extorsión contra regidores, síndicos y tesoreros municipales.

Hay cinco expedientes por homicidio, 30 por robo, siete por coalición, 48 por peculado, seis por cohecho, nueve por fraude, cuatro por allanamiento de morada, tres por conspiración o asociación delictuosa, nueve por ejercicio ilícito del servicio público y tres por ejercicio indebido de funciones.

Se recalcó que hay 16 investigaciones por falsificación de documentos, una por tráfico de concesiones y permisos del servicio público y transporte, ocho por usurpación de funciones, una por delitos cometidos en la administración de justicia, una por uso ilícito de atribuciones y facultades, así como 35 por privación ilegal de la libertad.

También hay dos indagatorias por resistencia de particulares, dos por ataque a las vías de comunicación, una por abigeato, cuatro por enriquecimiento ilícito, dos por retención, dos por tortura, una por falsedad de informes dados a una autoridad, seis por falsificación de sellos, una por motín, una por secuestro y una más por delitos cometidos contra servidores públicos.

En 2017, Carlos Altamirano Toledo, entonces titular de la desaparecida Auditoría Superior del Estado (ASE) había pedido a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura presentar denuncias penales contra de 27 autoridades municipales, quienes hace dos trienios habrían ocasionado daño al erario público por un monto de 286 millones 871 mil 91.35 pesos.

Con información de Milenio