Por unanimidad los comisionados del INAI determinaron interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por el padrón de celulares
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el padrón de celulares.
➾#SesiónEnVivoINAI Se aprueba, por unanimidad, interponer Acción de Inconstitucionalidad ante la @SCJN, en contra del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el @DOF_SEGOB, el 16-04-2021.
— INAI (@INAImexico) April 27, 2021
Los siete comisionados del INAI dejaron en claro que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), afecta a los derechos humanos, los de acceso a la información, así como la protección de datos personales.
Recalcaron que la entrega de datos personales no garantiza que baje la incidencia delictiva en México.
Además, afirmaron que la entrega de datos biométricos en las condiciones planteadas “excede por mucho” la finalidad de la ley que se reformó.
Este padrón de celulares contempla contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información.
Los concesionarios podrán dejar sin servicio a quienes no proporcionen sus datos.
Aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.
Con esto, México se convirtió en uno de casi 20 países del mundo que exige los datos biométricos, que incluyen las huellas digitales y el iris.
Derivado de lo anterior, se han otorgado una cascada de amparos provisionales por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro, siendo criticada esta situación por parte de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien apuntó que estas suspensiones privilegian el modelo de ventas por encima de la seguridad de los ciudadanos en México.
Ha sido tal el interés de privilegiar las ventas sobre la seguridad, que el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan los grupos de interés (…) Ahora es contra la seguridad, es un juez de contentillo, quien sin todavía publicarse los lineamientos del IFT (Instituto Federal de Comunicaciones) ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional que se va a combatir”, resaltó.
Con información de López-Dóriga Digital
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