El IETD llamó a las fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanía a exigir que cualquier reforma electoral se construya mediante un amplio consenso
El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) manifestó su preocupación ante el anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum de la presentación de una reforma electoral ante el Congreso de la Unión.
En un comunicado, el organismo (al que pertenecen Lorenzo Córdova y José Woldenberg) advirtió sobre los riesgos de impulsar cambios en un contexto que calificó como “fuera de toda normalidad constitucional”.
El IETD denunció que la actual conformación del Congreso de la Unión surgió de una “doble maniobra” que permitió a la coalición gobernante obtener una sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado “mediante la extorsión y la amenaza”. Según el Instituto, dicha mayoría ha cancelado el diálogo y adoptado una postura de cerrazón legislativa.
Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones sino parte del problema, fuente de impugnación y litigio, que acaban siempre en erosionar la legitimidad, incluso, de quienes triunfan y en afectar la estabilidad política de las comunidades en el país”, advirtió.
Ante esta situación, el IETD llamó a las fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanía a exigir que cualquier reforma electoral se construya mediante un amplio consenso. “Las normas electorales son las reglas del juego democrático”, señaló, y recordó que las reformas más relevantes desde 1994 han sido producto de grandes acuerdos entre partidos y gobiernos.
Entre las propuestas centrales del IETD destacan:
- Fortalecer la representación proporcional, sugiriendo un equilibrio 50/50 entre diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional (250 y 250, respectivamente). Para el Senado, proponen un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales, eligiendo cuatro senadores por entidad.
- Garantizar la autonomía de las autoridades electorales, proponiendo que el nombramiento de los consejeros del INE recaiga en el Senado y se apruebe por una mayoría calificada de tres cuartas partes. La misma fórmula se propone para la designación de magistrados del Tribunal Electoral, con participación de universidades y colegios profesionales.
- Preservar el Servicio Profesional Electoral Nacional, como un eje fundamental para asegurar la capacidad técnica del INE, mediante concursos de ingreso y promoción, así como formación y evaluación permanente.
- Asegurar un financiamiento público equitativo, dividiendo los recursos para partidos políticos en dos mitades: una proporcional a la votación obtenida y otra distribuida de forma igualitaria, con el fin de frenar la influencia del dinero ilícito y de grandes fortunas privadas.
Finalmente, el Instituto resumió su postura en cuatro principios básicos: consenso amplio, fortalecimiento de la representación proporcional, autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales, y prevalencia del financiamiento público sobre el privado en la política mexicana.
Con información de López-Dóriga Digital
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