Se fiscalizan 17 mil 694 candidaturas que realizaron campaña electoral para contender por cargos de elección popular
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, informó que este domingo vence el plazo para que los más de 17 mil candidatos, locales y federales que contendieron en más elecciones pasadas respondan los requerimientos e informes sobres gastos de campaña que les exige la autoridad electoral con base en la ley.
“Los candidatos tienen la obligación de hacer sus campañas y al mismo tiempo rendir cuentas, eso no ocurría en el pasado y lo que hemos detectado es que si hay un rezago en la carga de operaciones y eso se va a traducir en sanciones”, explicó.
Detalló que se fiscalizan 17 mil 694 candidaturas que realizaron campaña electoral para contender por cargos de elección popular para el municipio más pequeño del país hasta la Presidencia de la República.
Explicó que de las más de 17 mil candidaturas, dos mil 053 son candidaturas federales y 15 mil 641 son candidaturas locales, y de ellos ha habido candidatos que reportan todo a tiempo y otros están a 90 por ciento a destiempo.
Indicó que 10 días después de que concluyó la jornada electoral, venció la presentación de los informes de gasto de campaña que tuvieron que mandar los candidatos a esta comisión y se les enviaron las observaciones sobre las omisiones que tuvieron en cuanto el reporte de gastos, para que si algo les faltó o si no lo han enviado en sus informes lo hagan, es lo que se le llama derecho de audiencia.
El 10 de julio se les enviaron los oficios para que respondan por lo que les faltó, y a los cinco días posteriores, el 15 de julio, es la fecha límite para ejercer su derecho de audiencia.
Señaló que después del 15 de julio, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene otros 10 días para construir el dictamen en donde se observa si hubo irregularidades de los candidatos y se proponen las sanciones.
El dictamen debe ser votado por la comisión y luego por el Consejo General del INE a más tardar la primera quincena de agosto para que ya con las conclusiones de la fiscalización los tribunales puedan calificar las elecciones.
Afirmó que el país tiene un sistema de financiamientos de los partidos que busca el énfasis en la equidad y para garantizar que se cumpla se hace la fiscalización.
La Comisión de Fiscalización tiene también la obligación de concluir con las quejas, de las cuales debe resolver unas 400, que son las acusaciones que se hacen entre los diferentes actores políticos como son gastos de más, que no hayan reportado algunos, o que tuvieron gastos irregulares.
Esas quejas que presentan deben estar sustentadas con evidencias y la autoridad electoral investiga y en caso de que se verifique se sanciona, y deben estar resueltas a más tardar cuando se voten los dictámenes de fiscalización.
Explicó que la consecuencia más grave que puede tener una campaña que gastó de más y tuvo financiamiento irregular o excesivo es la nulidad de la elección, como se indica en el artículo 41 de la Constitución, que es un gasto de más de cinco por ciento sobre el límite permitido.
La evidencia para anular la elección sería que un candidato recibió dinero de origen desconocido, o de alguna empresa, lo que está prohibido, o bien que tuvo financiamiento del extranjero para su campaña; si se encuentran gastos que ocultaron, se sanciona, o si recibió dinero de un ente público, vía desvío de recursos públicos, abundó.
Murayama Rendón agregó que el único dinero público que pueden recibir en campañas electorales es lo que se conoce como prerrogativas.
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