Existe la omisión del gobierno estatal de entregar al instituto local la totalidad de los recursos avalados por el congreso de Morelos
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó al gobernador y al secretario de Hacienda de Morelos entregar, en 72 horas, 20 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), y pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación presupuestal, para lo cual se vincula también al Congreso de esa entidad federativa.
Al resolver en sesión pública sobre la inejecución de la sentencia SUP-JE-030/2018, consideró que existe la omisión del gobierno estatal de entregar al instituto local la totalidad de los recursos avalados por el congreso local mediante las ampliaciones presupuestales otorgadas.
Esto es, el gobierno de Morelos entregó únicamente los recursos correspondientes a los pagos de las dos primeras autorizaciones de ampliación; mientras que, de la tercera, transfirió solamente la mitad de la cantidad asignada. En consecuencia, se le deben 20 millones de pesos al organismo local.
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que las necesidades presupuestales del instituto derivan de la realización de las tareas de organización electoral.
Además, la falta de recursos suficientes pone en riesgo la actividad sustantiva de la autoridad, como distribución de la documentación y material electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla para el día de la jornada electoral o el transporte y logística de la entrega de los paquetes electorales a las dos mil 421 casillas que aduce se instalarán, así como para los recorridos de supervisión, atención de incidencias y los cómputos distritales y municipales.
Por otro lado, la Sala Superior señaló que, además, el gobernador y el secretario de Hacienda no han dado respuesta integral a la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Instituto local, por el monto de 81 millones 217 mil 361.24 pesos.
Por ello, ordenó al gobernador del estado, a la Secretaría de Hacienda y al Congreso local dar una respuesta fundada y motivada a la brevedad posible, teniendo en consideración lo previsto en la Ley de Presupuesto y en el Presupuesto.
En caso de que el gobierno estatal incumpla lo ordenado, la Sala Superior impondrá una medida de apremio, y adoptará las acciones que en derecho correspondan, y que resulten eficaces, a fin de lograr la ejecución de la sentencia, puntualizó el TEPJF.
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