El Gobierno de Chihuahua calificó el citatorio de FGR a mala gobernadora Maru Campos como una violación a la Constitución
El Gobierno de Chihuahua confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora Maru Campos, por el caso de los agentes estadounidenses que operaron en la entidad.
Por medio de un comunicado este sábado 23 de mayo de 2026, el Gobierno estatal calificó este acto como una violación a la Constitución y a la soberanía de la entidad, argumentando que las leyes vigentes otorgan protección al cargo de los gobernadores frente a procedimientos de naturaleza penal.
La Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal”, se lee en el comunicado.
“La actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua”, puntualizó.
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Al recibir la notificación, la mandataria estatal estuvo acompañada por su equipo de trabajo y asesores legales, entre ellos el consejero jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado Roberto Gil Zuarth; el secretario particular, Fernando Álvarez Monje; y Max Cortázar.
Maru Campos declaró que su equipo de abogados ya se encuentra analizando la fundamentación jurídica del citatorio para llevar a cabo las acciones correspondientes.
Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, señaló la gobernadora, quien además defendió la estrategia de seguridad de su administración frente al crimen organizado.
Por su parte, el Gobierno de Chihuahua criticó lo que considera un trato diferenciado por parte de las autoridades federales, contrastando la situación actual con el manejo de señalamientos hacia otros funcionarios y legisladores de la Cuarta Transformación.
“Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional, que contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, así como del legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo”, argumentó.
Con información de López-Dóriga Digital
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