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Gobierno busca que se den a conocer nombres de funcionarios y militares relacionados en Caso Ayotzinapa
Estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto de EFE / Archivo

El Gobierno de México buscará que el Poder Judicial de la Federación otorgue su visto bueno para que se den a conocer los nombres de los 46 funcionarios y militares que tienen una orden de aprehensión relacionada con el Caso Ayotzinapa.

Lo anterior fue detallado por el subsecretario de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien señaló que buscarán que sean dados a conocer estos nombres bajo el principio de lo que denominó “máxima publicidad”.

Les anticipo cuál será su respuesta: ‘no’, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe prevalecer”, dijo.

Encinas Rodríguez afirmó que estos nombre ya fueron dados a conocer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en el año 2014, pero que por el debido proceso no pueden revelarlos.

Además, el subsecretario de Gobernación hizo un llamado a los familiares de los normalistas desaparecidos a tener confianza en las investigaciones sobre el caso que lleva a cabo el Gobierno Federal y pidió que no caigan en provocaciones.

“Hacemos un llamado a evitar estos actos de provocación, tanto el Gobierno Federal como el gobierno de la Ciudad de México, así lo hemos señalado y los vamos a sostener siempre el respeto a las libertades y los derechos humanos, pero también a la seguridad y la integridad de las personas”, señaló.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cumple el lunes 26 de septiembre ocho años en un panorama de reclamos por parte de los padres de los jóvenes y sus compañeros, pero con algunos avances por parte del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

Con información de López-Dóriga Digital