Alrededor de 50 mil elementos del Ejército y cinco mil 800 efectivos de la Armada de México están asignados para cubrir dichas tareas
Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han desplegado mensualmente un promedio de 56 mil efectivos, entre marinos, militares y pilotos, para apoyar en labores de seguridad pública y en operaciones para reducir la violencia y la delincuencia organizada en México.
De acuerdo con informes, alrededor de 50 mil elementos del Ejército y cinco mil 800 efectivos de la Armada de México están asignados para cubrir dichas tareas.
Por su parte, el personal de la Armada de México realiza operaciones de seguridad interior en 17 estados costeros y en el Estado de México.
Según mandos navales, en la actualidad el despliegue de efectivos en labores de seguridad pública representa 10 por ciento del total de su plantilla operativa, lo que equivale a cerca de 55 mil.
Asimismo, el quinto Informe de Labores de la Sedena detalló que la dependencia estuvo en contacto permanente con los gobiernos estatales mediante 32 grupos de coordinación.
Militarización en México
Tanto organizaciones de la sociedad civil y legisladores han advertido de una creciente “militarización” en el país, la cual genera constantes violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de civiles.
Por tal motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analizará la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
De acuerdo con Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, algunos de los contenidos de la normativa podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar su vulneración.
“Exhorto a la mayor prudencia, al mayor debate, a la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas que tienen que ver con lo que deseamos resolver: que el país regrese a los estadios de seguridad en donde ahorita, lamentablemente, tenemos violencia”, enfatizó.
González Pérez reiteró su convicción de que debe haber un gran debate sobre la propuesta de Ley de Seguridad Interior, que tiene que analizarse a la luz de otros temas como la nueva Fiscalía General de la Nación, la operación del Sistema de Justicia Penal, así como el fortalecimiento de las policías, enfatizando la necesidad de que los problemas que el país enfrenta en materia de seguridad y justicia, se aborden bajo un enfoque integral y no se atiendan de manera parcial.
Con información de Milenio
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