La FGR abrió una batalla legal para reducir el número de escoltas asignados a algunos ex funcionarios de la institución
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una batalla legal para reducir el número de escoltas asignados a algunos ex funcionarios de la institución y que ocuparon puestos clave en el combate contra la delincuencia.
Registros señalan que, desde que inició el 2018 hasta mayo de este año, 118 servidores tenían protección de la Policía Federal Ministerial.
Durante los primeros cinco meses de 2019, la FGR solamente aprobó la asignación de cuatro servicios de protección.
En 2017, la FGR, entonces Procuraduría General de la República (PGR), registró el mayor número de servidores con protección, con 329. En 2016, el número de funcionarios con escolta fueron 299.
Uno de los casos está relacionado con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien recientemente obtuvo un fallo favorable del noveno tribunal colegiado en materia administrativa.
Los magistrados ordenaron a la FGR que a Zerón le fueran regresados los 24 escoltas con los que contaba antes del 15 de febrero, fecha en la que se le redujo a 15 elementos, tres vehículos blindados, dos ligeros y una motocicleta.
Por medio de un recurso de queja, la FGR argumentó que el otorgamiento de la medida cautelar al exfuncionario afecta los recursos financieros y metas de la dependencia, en términos de las políticas de austeridad, ejecutadas en el Presupuesto 2019.
Detalló que las sentencias también implican el pago de recursos, cuando se trata de suspensiones otorgadas a quejosos, pues les obliga acatarlas.
Los magistrados dejaron en claro que con la concesión del servicio no se causa afectación al interés social ni se violan normas de orden público, porque no se privaría a la sociedad de algún provecho.
“Por el contrario, los posibles daños que se generarían (a Tomás Zerón), de negarse la medida cautelar y no se diera la protección necesaria, es sobre bienes jurídicos tutelados, como es la vida, la seguridad e integridad de aquellos”, advirtió el tribunal.
En respuesta a una solicitud de datos con base a la Ley Federal de Acceso a la Información, la FGR señaló que 232 funcionarios contaban con servicio de protección en 2013, además de que se redujeron 12 servicios. Al siguiente año, aumentó a 267 el número de servidores con escoltas, y para 2015 ya eran 277, detalló el informe.
Con información de Milenio
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