El feminicidio en Tulum de Victoria Esperanza, originaria de El Salvador, ha causado indignación nacional e internacional
El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña sometida por policías de Tulum, ha causado indignación nacional e internacional y adquiere más resonancia por las acusaciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele y la aparición de nuevas imágenes.
Estas son las claves del asesinato, ocurrido el sábado y difundido en video el domingo, que ha despertado al movimiento #JusticiaParaVictoria y ha revivido acusaciones de misoginia, xenofobia y racismo contra las autoridades mexicanas.
¿Quién era Victoria?
Victoria, de 36 años, vivía desde hace cinco años en México, donde trabajaba en limpieza de hoteles con una visa humanitaria que obtuvo en 2018 tras obtener refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), según ha contado su madre, Rosibel Arriaza.
La mujer, originaria de la ciudad de Sonsonate, tenía dos hijas de 15 y 16 años, pero Rosibel ha denunciado desde El Salvador que las autoridades mexicanas no le informaron del paradero de sus nietas ni de la muerte de su hija, pues se enteró de todo en los medios.
La muerte
El video original muestra a uno de cuatro policías de Tulum mientras coloca su rodilla sobre el cuello de la mujer en el suelo junto a una patrulla, donde ella solo alcanza a gemir.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo encontró una fractura en la columna de la mujer por la ruptura de la primera y segunda vértebra, “lo que provocó la pérdida de la vida” y “coincide con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de detención”.
Los cuatro agentes, tres hombres y una mujer, ahora afrontan un proceso judicial por feminicidio.
Los videos y el motivo
Las autoridades aún no han aclarado el motivo de la detención de la mujer, aunque medios locales citan una presunta alteración del orden público.
Pero las incógnitas crecieron la noche de este lunes, cuando se reveló un segundo video de seguridad en el que la mujer acude a una tienda de autoservicio a comprar agua y una persona dentro del local llama a la policía.
En las imágenes, la mujer ronda por la tienda con un garrafón vacío, pero en ningún momento agrede o confronta a algún cliente.
El reclamo de El Salvador
La polémica se ha agudizado por el reclamo del presidente Nayib Bukele, quien el lunes aseguró que “hay más agresores en este caso, también más víctimas” y que “no todos los culpables están arrestados”.
“El caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato)”, manifestó en redes sociales.
Cuestionado por estas declaraciones, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró este martes que han compartido toda la información.
“Eso es lo que sabemos hasta ahora. No tenemos información adicional”, afirmó.
La reacción internacional
El caso toca dos crisis actuales de México, la de la violencia machista reflejada en el asesinato de más de 10 mujeres al día, y la migratoria, como muestra la detención de 34 mil 993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual de 28 por ciento.
Por ello, asociaciones feministas y defensoras de migrantes protestan desde este lunes en México para denunciar el racismo, xenofobia y machismo de las fuerzas de seguridad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha admitido que el hecho lo “llena de pena, de dolor y de vergüenza“.
Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur, la ONU-DH y ONU Mujeres han exigido una investigación “pronta e imparcial”.
Los próximos pasos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció este martes una investigación del caso, mientras que el presidente López Obrador justificó que la indagatoria penal corresponde a la FGE de Quintana Roo, que trasladó a los policías a “un centro de retención”.
Además, el secretario Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, anunció la dimisión del jefe de Policía de Tulum, Nesguer Vicencio.
Amnistía Internacional (AI), el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) exigieron garantizar a la familia sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral del daño y repatriación digna del cuerpo.
Pero hasta ahora se desconoce la fecha de repatriación de los restos y quién custodia a las hijas, que recibirán han de recibir una manutención prometida por el Gobierno de El Salvador.
Con información de EFE
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