Falta voluntad política para resolver asesinato de padres en Cerocahui, denuncian jesuitas

A poco más de siete meses del asesinato de los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Cerocahui, Chihuahua, no hay voluntad política para resolver el caso, denunció el padre Javier Ávila, ‘Pato’, miembro de la Compañía de Jesús en la Zona Tarahumara.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, el padre ‘Pato’ aseguró que no es posible que no se hayan emprendido acciones debido a que se conocen las acciones del sujeto responsable.

“A mí me sorprende mucho, me llama la atención que no es posible lo que ha ocurrido, aquí falta voluntad política de alguna de las partes porque no es posible que teniendo un conocimiento tan profundo de la situación, un conocimiento tan exacto de los movimientos de las acciones de este sujeto, no hicieron nada, ¿son necesarias las muertes para que empiecen a proteger a los vivos?, ¿qué pasa?, ¿qué sucede?”, reclamó.

Indicó que aún no se ha detenido al responsable pese al despliegue de operativos.

“Efectivamente, todavía no han detenido al responsable han hecho operativos, por supuesto, el Estado nos ha señalado que hay varios detenidos, hay algunos vehículos que detuvieron, pero el sujeto en cuestión sigue libre todavía, es preocupante”, dijo.

Explicó que a raíz de que se otorgaron medidas cautelares a miembros de la comunidad, se habla de inspecciones y operativos, pero no son suficientes.

“Hay algo que me llama la atención, en el escrito que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con toda la narración que se hace a propósito de las medidas cautelares concedidas a miembros de la comunidad, se habla de que ha habido acciones, en la respuesta que da el gobierno, y hablan sobre inspecciones vehiculares, despliegue aéreo, entre otros y yo dije ‘bueno, pero por qué necesitaron estas muertes de los sacerdotes para empezar a hacer todos estos operativos, por qué no antes, cuando se sabe perfectamente, ahí los informes famosos que han salido de notificación del Ejército y del Estado, en donde hace más de dos años que ya sabían de la existencia de este sujeto, lo tenían ubicado, sabían sus movimientos, y yo me pregunto por qué hasta ahora, antes no urgía, antes no era necesario ninguno de estos operativos”, señaló.

Explicó que pese a que el fiscal anterior de Chihuahua se negó a otorgarles las medidas cautelares, esto se logró en cooperación con tres organismos de derechos humanos.

“Nosotros como comunidad jesuita, estábamos notando que en la persecución a este delincuente, fue que le dije yo al fiscal anterior, cómo se sabe hubo cambio de fiscales en el estado de Chihuahua, le dije al fiscal anterior, al señor Fierro, que nosotros sí íbamos a solicitar medidas cautelares para los padres de Cerocahui y él me dijo que no era necesario porque inmediatamente darían con este sujeto. Como veíamos que eso no funcionaba, las medidas cautelares fueron solicitadas a través de tres organizaciones de derechos humanos: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro de los jesuitas, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos también de Chihuahua. En estas tres instituciones dimos nuestros argumentos, recogió la solicitud la Comisión Interamericana, regresó la solicitud al Gobierno del Estado para preguntarle qué opinaba, tardaron un poco, dijeron que en un tiempo darían su respuesta y ya sobre la respuesta fue que decidió la Comisión Interamericana de conceder las medidas cautelares, esto como están las cosas, de repente a veces se cree que es consecuencia de un proceso mal llevado, de una incapacidad en la impartición de justicia, no sé el caso es que ya llegaron las medidas cautelares. Casualmente hace dos días estuvimos reunidos con el fiscal actual y ahí todavía no se hacían públicas las medidas cautelares y le informamos nosotros al fiscal que ya estaban concedidas las medidas cautelares así que lo que sigue es reunirnos con los beneficiarios de las medidas cautelares, entablar un diálogo con las autoridades, ver en qué van a consistir”, dijo.

Apuntó que aún no se define la ruta de las acciones en las medidas cautelares para jesuitas, pero que se realizarán reuniones con los beneficiarios para conocer sus necesidades.

“Las medidas cautelares son una serie de acciones para proteger a una persona, sus movimientos, sus bienes, etcétera, lo normal es que las personas beneficiadas se reúnan con las autoridades, tanto federales y estatales, y en el diálogo cada uno va diciendo qué es lo que necesita y qué es lo que pide vamos a tener una reunión previa con el padre Jorge Atilano, jesuita, y un servidor y comparte de la Comisión de Derechos Humanos del Centro Agustín Pro, con las personas beneficiarias de las medidas cautelares y ver, en el terreno de los hechos, qué se necesita como cámaras en algunos lugares clave, focos que prenden con el movimiento, etcétera, eso todavía no se ha decidido”, puntualizó.