
Vecinos de Santa Cruz Atoyac, CDMX, demandan la cancelación del desarrollo “Square Coyoacán” por irregularidades e impactos urbanos
A dos años de la suspensión de la obra inmobiliaria ubicada en San Felipe 33, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, el conflicto entre el consorcio inmobiliario Square Coyoacán, autoridades y comunidades locales ha resurgido con mayor intensidad. ya que el repudio a la gentrificación cada vez es mayor, además de que se exige el derecho al agua, a una ciudad habitable, al suelo permeable, a la movilidad.
Vecinos, representantes de pueblos originarios y organizaciones ciudadanas han denunciado varias veces presuntas irregularidades en permisos, fuertes impactos ambientales y sociales, e intentos de cooptación comunitaria.
Square Coyoacán fue detenida hace poco más de dos años luego de que los vecinos denunciaran que operaba con permisos vencidos desde 2016 y otras irregularidades. De acuerdo con testimonios, las gestiones ante la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) derivaron en la detención total de los trabajos de construcción y cierre su caseta de ventas. Sin embargo, nunca se colocaron sellos oficiales de clausura e incluso se tuvo conocimiento extraoficial de posibles documentos falsificados.
En ese entonces, autoridades capitalinas instruyeron a la constructora replantear el proyecto, lo que supuestamente atendió la desarrolladora pasando de poco más de 900 departamentos a 688 unidades a un costo mayor y 900 lugares de estacionamiento. La situación conllevó ciertos acuerdos económicos con habitantes de la zona para facilitar la aceptación del desarrollo, lo que generó divisiones internas.
Casos como el de San Felipe 33 se insertan en un contexto más amplio de presión inmobiliaria en Santa Cruz Atoyac y pueblo de Xoco, y muchas otras zonas de la Ciudad de México donde comunidades originarias acusan desplazamiento, encarecimiento del suelo, sobreexplotación en la movilidad, contaminación ambiental y deterioro del tejido social.
El 30 de marzo, representantes del Concejo de Santa Cruz Atoyac y de la Asamblea Ciudadana de Xoco sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, donde reiteraron su exigencia de clausurar diversos desarrollos inmobiliarios en la zona, que en conjunto sumarían más de mil 700 nuevos departamentos.
Destacan complejos como Único Privée, BeGrand Del Valle, Agatha Del Valle, Archandel Del Valle, además de Square Coyoacán en avenidas como Universidad, Cuauhtémoc, Eje 8 Sur Popocatépetl y México-Coyoacán. Las comunidades denuncian que estos desarrollos provocarán no solo una gentrificación incontrolable, inseguridad, escasez de agua, saturación vial y afectaciones a la vida comunitaria, advirtiendo incluso el riesgo de desaparición de los pueblos originarios. microsismos y socavones (en donde ya existe uno en la esquina de Eje 8 Sur y Popocatépetl, donde se construye Square Coyoacán).
Por su parte, residentes del condominio colindante Sthana Espacio del Valle expresaron nuevamente el repudio y rechazo categórico al proyecto y exigieron su cancelación definitiva o, en su defecto, una revisión integral que reduzca al 80 por ciento su escala. Incluso se han registrado vibración y movimientos constantes tipo sismo de magnitud 4 por las excavaciones.
Específicamente, entre las principales preocupaciones destacan el impacto ambiental —como emisiones contaminantes, ruido y afectaciones a la salud—; la insuficiencia de infraestructura, con un drenaje de más de un siglo de antigüedad y escasez de agua; la sobredensificación —que podría elevar la población a más de cuatro mil 600 personas en un radio de cuatro cuadras—, y la falta de áreas verdes.
También denuncian posibles violaciones a normativas, como incumplimiento de horarios de obra, irregularidades en permisos y uso indebido de la vía pública, además de afectaciones directas como humedad en instalaciones, acumulación de escombros, emisión de combustible y condiciones insalubres.
De nueva cuenta, vecinos y representantes de los Pueblos Originarios de Xoco y Santa Cruz Atoyac demandan la cancelación definitiva de estos proyectos, la suspensión inmediata de cualquier obra y que se evalúen sus impactos, la realización de consultas Indígena a los pueblos originarios y vecinales; revisión honesta y exhaustiva de los permisos.
Exigen que las autoridades no sean omisas ya que aparentemente consienten este tipo de obras dejando a los ciudadanos en la indefensión total.
Asimismo, plantean que no se haga uso del polígono de actuación porque la gentrificación es ya explosiva; la reducción de altura y densidad de los desarrollos, la reparación inmediata de daños ocasionados y, como alternativa sustentable, la posible expropiación del predio para convertirlo en un área verde.
Las autoridades se han comprometido a revisar los proyectos; sin embargo, la dilación parecería un propósito para permitir que avance el abuso. Han prometido realizar visitas de campo y mantener el diálogo con las y los vecinos, los pueblos originarios y desarrolladores, pero eso hasta el momento no ha sucedido.
Los habitantes de la zona advierten: de no atenderse sus demandas, emprenderán acciones contundentes, en su derecho a una vivir en una ciudad limpia, libre de contaminación, en bienestar.
El caso de San Felipe 33 evidencia las tensiones entre el desarrollo inmobiliario y el derecho a la ciudad en la capital del país. Bajo la administración de Clara Brugada, se ha planteado una política orientada a combatir la gentrificación y promover una ciudad “habitable y asequible”. Sin embargo, conflictos como este muestran los desafíos para equilibrar inversión, crecimiento urbano y derechos comunitarios.
Mientras tanto, en Santa Cruz Atoyac, la disputa continúa. Vecinos y pueblos originarios se mantienen firmes en la defensa de su territorio frente a lo que consideran un desarrollo desmedido y excluyente.
Con información de López-Dóriga Digital