Esto tras el incumplimiento de una sentencia de amparo que dictaba pagar una indemnización a un trabajador despedido injustificadamente
Erwin Castelán y David Sánchez, exalcaldes de Coacalco, junto con sus tesoreros, síndicos y regidores durante las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, han sido vinculados a proceso por el delito de omisión dolosa, tras negarse a pagar una indemnización a un trabajador despedido injustificadamente.
Durante la segunda audiencia realizada ante el juez de distrito se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión, hecho por el que se les vinculó a proceso.
Tras conocer la noticia los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, determinándose así fijar una garantía económica de cinco mil pesos por cada uno así como su asistencia de manera periódica a firmar, todo esto para que puedan seguir su proceso en libertad.
La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa, procedente de un juicio de amparo imputándolos desde 2013, lapso durante el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos administrativos, entre ellos el pago de la indemnización, pero ninguno lo realizó, siendo en un inicio de dos millones de pesos, para después ascender a cuatro.
Se recalcó durante la audiencia el hecho de que los requerimientos fueron constantes desde 2013 y hasta 2017, exhortándoles las autoridades a realizar el pago al extrabajador, indemnización que no se pagaría pues se argumentó que no había partidas presupuestales.
Sin embargo existe información acerca de la solicitud de apoyos gubernamentales o préstamos para cubrir algunos adeudos y pendientes de sus administraciones, pero en ningún momento se cubrió el adeudo con el trabajador despedido.
El juez fijó un término de seis meses para la aportación de pruebas, lapso en el que los exediles deberán firmar para seguir su proceso sin perder la libertad.
Cabe destacar que el excedió David Sánchez busca una vez más la alcaldía de Coacalco.
“Hasta este momento no son penalmente responsables o no se ha acreditado de manera fehaciente ningún ilícito. Hasta este momento lo que hay son indicios, son elementos suficientes que presuponen que efectivamente ellos lo cometieron, pero no tienen ningún impedimento”, compartió el abogado Ismael Soto.
A pesar de que ya se pagaron los cuatro millones de pesos al afectado, se les podría fincar responsabilidad en próximos meses junto con su inhabilitación como funcionarios públicos.
“En el caso de ellos se les está imputando el artículo 267, que cita se pondrá pena de cinco a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días y en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad pública, a la autoridad que dolosamente, según la fracción primera, incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, que es el motivo por el que se le esta consignando”, abundó.
Con información de Excélsior
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