Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, detalló que en México se da cada vez más fuerza a militares
Los Estados de América demostraron en 2022 su “hipocresía y su doble estándar” con relación a los derechos humanos, profundizando así las crisis profundas en esta materia, aseguró este martes Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
En la presentación virtual del informe anual sobre derechos humanos de la organización, la activista compartió las conclusiones de dicho informe, en concreto sobre la región que le compete, en la que 2022 fue un año “emblemático” en el estado de regresión.
“(Los Estados) están menoscabando los derechos humanos generando crisis profundas en materia de derechos humanos. Pese a las promesas de prosperidad, seguridad, avances sociales y protección ambiental, los gobiernos de nuestra región han dado la espalda a la población”, aseguró.
Lo anterior, dijo, especialmente a la población históricamente marginalizada como mujeres y niñas, personas migrantes, pueblos indígenas y otros grupos que siguen en el abandono de las políticas estatales “de manera intencional”.
Sobre la crisis climática, Guevara dijo que los gobiernos no solo no la han enfrentado de manera adecuada, sino que han reprimido “con brutalidad” a quienes levantaron la voz.
Esto porque la libertad de expresión también se ha visto limitada por los gobiernos de turno.
Además, se ha reducido la inversión pública en temas vitales como la salud o el desarrollo con la excusa de la recesión económica después de la pandemia de COVID-19.
Guevara detalló que en México, donde las políticas contra el narcotráfico han generado una “gravísima” crisis en materia de derechos humanos, los militares llevan más de 16 años participando en funciones de seguridad pública.
“A pesar de que la narrativa del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sus políticas son diferentes”, la Guardia Nacional pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se modificó la ley para que puedan ejercer labores de seguridad pública hasta 2024.
”Se ha consolidado la militarización en leyes y políticas que dan cada vez más fuerza a militares”, dijo Guevara, algo que resulta contraproducente sabiendo que la Guardia Nacional y la Sedena están entre las 10 instituciones federales que más denuncias reciben por violaciones a los derechos humanos.
Por último, la activista recordó que la crisis de derechos humanos se evidencia con la crisis transfronteriza de millones de personas buscando protección internacional y mencionó los hechos ocurridos esta madrugada en la fronteriza Ciudad Juárez, en México, donde al menos 39 migrantes, en su mayoría venezolanos, fallecieron bajo custodia del Estado mexicano en un centro de detención migratorio.
Con información de EFE
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