Diputados avalan tope a pensiones públicas en México entre protestas por retroactividad

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que pone tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en empresas del Estado, organismos dependientes del presupuesto y la banca de desarrollo, entre otras instituciones públicas.

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó entre protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y advertencias de la oposición por su posible efecto retroactivo.

El dictamen fue avalado por unanimidad en lo general, con un total de 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La minuta ya había sido aprobada también en el Senado el pasado 11 de marzo con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

La propuesta reforma el artículo 127 de la Constitución para establecer que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y demás entes públicos federales, estatales y municipales “no podrán rebasar la mitad de la remuneración” de la persona titular del Ejecutivo federal, casi 70 mil pesos.

También ordena que contratos, disposiciones e instrumentos laborales no fijen condiciones superiores a ese límite.

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No obstante, la reforma excluye a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y las constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.

El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendió que la reforma no elimina el derecho a la pensión, sino que corrige privilegios financiados con recursos públicos y fortalece la austeridad, en una reforma que considera a estas percepciones como “pensiones doradas”.

Sus aliados, los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), coincidieron en que el sistema “no debe ser espacio para excesos” y que los recursos liberados pueden destinarse a otras prioridades públicas.

En contraste, los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron en distintos grados el objetivo de eliminar pensiones millonarias, pero cuestionaron los transitorios por considerar que pueden afectar a personas ya jubiladas.

Noemí Luna, del PAN, dijo que su bancada votaría a favor en lo general para quitar privilegios, aunque alertó por la retroactividad; mientras que César Domínguez, del PRI, calificó la iniciativa de “regresiva y lesiva” para derechos adquiridos, mientras Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes, de MC, avisaron que esa aplicación “podría detonar amparos e incertidumbre jurídica”.

Incluso Lilia Aguilar, del PT, anunció una reserva para evitar la retroactividad a quienes obtuvieron legalmente su pensión.