Tras su aprobación, el dictamen fue enviado a las legislaturas de los 31 estados del país y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales
La Cámara de Diputados aprobó este martes, por mayoría calificada y con la unanimidad de 467 votos, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución mexicana para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio que contenga como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
Tras su aprobación, el dictamen, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviado a las legislaturas de los 31 estados del país y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.
En México alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio, lo que -según ONG- ha evidenciado fallas en su clasificación y altos niveles de impunidad.
Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.
En este contexto, la iniciativa de Sheinbaum busca homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de 40 a 70 años de prisión, así como investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
Ahora, el Congreso deberá expedir la legislación relativa a feminicidio citada en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.
En el documento se expone que al otorgar al Congreso mayores facultades para legislar en materia de feminicidio, “se sientan las bases para una homologación efectiva del tipo penal, lo que contribuye a mejorar las condiciones de acceso a la justicia en todo el país”.
Además, se reduce la impunidad y se garantiza una procuración de justicia más eficiente, en beneficio de la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias.
La reforma del artículo 73 constitucional busca dotar al Congreso de facultades para “establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes” y fortalecer la coordinación entre autoridades, además de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño, se explicó en un comunicado.
El proyecto también contempla atención a víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
La reforma se aprueba en un contexto en el que el Gobierno mexicano ha destacado una disminución del 14.9 % en los feminicidios en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
No obstante, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han cuestionado la efectividad de esa disminución, al advertir que solo una parte de las muertes violentas de mujeres se investiga como feminicidio.
Con información de EFE
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