Resaltaron que la llegada de un nuevo gobierno representa una oportunidad única para cambiar el estado del desarrollo urbano en la capital
Expertos en política urbana y movilidad alertaron que la dinámica inmobiliaria de la capital apunta a la expulsión de la población económicamente menos favorecida ante la poca oferta de vivienda asequible en las zonas centrales, e indicaron que según ONU-Hábitat se encuentra entre las ciudades más excluyentes en América Latina.
En este contexto, resaltaron que la llegada de un nuevo gobierno representa una oportunidad única para cambiar el estado del desarrollo urbano en la ciudad, por lo que es indispensable promover un marco regulatorio eficiente para la construcción de vivienda, infraestructura adecuada y poder generar así asequibilidad en el mercado inmobiliario para población de diferentes segmentos económicos.
Convocados por la asociación civil Mejor Ciudad, coincidieron en lo anterior Gene Towle, director de Softec, especialista en investigación del sector inmobiliario; Ignacio Kunz, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; ambos miembros del consejo consultivo del organismo, presidido por Janet Luna.
Asimismo, Dolores Franco, presidenta del Colegio de Urbanistas, y Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del World Resources International.
Towle apuntó que el último trimestre de 2017 se reportó en la capital una disminución de 8.4 por ciento en la oferta de vivienda nueva terminada, así como una reducción de 3.5 por ciento en las unidades en inventario y 0.8 por ciento en el número de proyectos, mientras que los precios han tenido un incremento de 32 por ciento en el mercado medio y residencial.
En su oportunidad, Dolores Franco consideró que el fenómeno de exclusión de habitantes de la Ciudad de México obedece en gran medida a factores como la dificultad y lentitud para gestionar permisos y licencias, así como a la complejidad de la norma en materia de obtención de permisos, lo que promueve la especulación en tierra e incrementa los costos.
“Desafortunadamente se ha creado un círculo de desconfianza entre la sociedad civil, las autoridades y la iniciativa privada, lo cual ha desencadenado una contracción en la oferta de vivienda, además de un aumento de precio, principalmente en lugares cercanos a fuentes de transporte, trabajo y esparcimiento”, expuso.
A su vez, Ignacio Kunz indicó que el valor del suelo se fija por el uso más eficiente en cada zona, con lo que se elevan los costos y se hace inaccesible la adquisición de inmuebles en zonas céntricas para aquéllos que menos recursos económicos tienen.
Consideró que si bien la normativa debe ser juiciosa, entre más compleja y obstructora de programas de desarrollo urbano sea, habrá más casos de corrupción, mayores excepciones mal planeadas y más malas historias que contar en materia inmobiliaria.
En tanto, Jorge Macías puntualizó que la nueva Constitución de la capital del país ofrece a los ciudadanos la oportunidad de mejorar el sistema de planeación y, como tal, debe orientar los esfuerzos urbanos del nuevo gobierno hacia un reparto más equitativo de las oportunidades que ofrece la ciudad.
En ese sentido, Janet Luna dejó claro que el ordenamiento y la planeación a largo plazo de la ciudad es un tema urgente y necesario, que nunca había sido tan relevante como en el momento actual.
Propuso que para hacer una normativa más clara se identifiquen zonas con superávit de infraestructura, al tiempo que se refuerza en otras cercanas a fuentes de trabajo y transporte.
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