Chong indicó que la Ley contra el Delito de Desaparición Forzada, tiene que traducirse “en instituciones y prácticas concretas”
La desaparición forzada no es un problema que se pueda enfrentar de manera aislada, exige una respuesta del Estado mexicano, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En ese sentido reiteró el compromiso del Gobierno de la República de actuar con corresponsabilidad y desde todos los frentes para erradicar este flagelo y que las víctimas y sus familiares encuentren paz, tranquilidad, y sobre todo justicia.
Al término de la Reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), en la que los mandatarios cerraron filas para erradicar este flagelo, el funcionario federal indicó que la Ley contra el Delito de Desaparición Forzada, tiene que traducirse “en instituciones y prácticas concretas”.
Reconoció la presencia de los mandatarios estatales pues ello “habla de entender que (la desaparición forzada) no puede ser un problema que se enfrente de manera aislada, que exige una respuesta de Estado, del Estado mexicano, y en eso están obviamente todos los gobernadores”.
Ante el presidente en turno de la Conago, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recordó que en días pasados el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la referida ley y con ello concluyeron más de dos años de diálogo y colaboración entre Poderes de la Unión, órdenes de gobierno, académicos, organismos internacionales, sociedad civil y organizaciones de familiares.
Se trata, añadió Osorio Chong, de una herramienta para hacer frente a estos delitos, “ahora toca traducir su espíritu en instituciones y prácticas concretas”, por lo que en el ámbito federal están en las definiciones finales para la creación de las instancias, procesos, protocolos y registros que mandata la ley.
Recordó que para que el Sistema Nacional funcione, es fundamental que los estados participen y también avancen en la implementación de lo que la legislación establece.
El funcionario federal indicó que ello formó parte de la reunión en la que se analizaron los alcances de la ley, se estudiaron las obligaciones precisas de las entidades federativas y se delineó una ruta crítica para su debida implementación.
Se trata, anotó, de cubrir a cabalidad las responsabilidades que como Estado mexicano ha adquirido en dos temas fundamentales: la investigación y sanción de los nuevos tipos penales que define la ley y la consolidación de mecanismos ágiles y efectivos de búsqueda “que funcionen y funcionen bien”.
Antes, Mancera Espinosa, anunció el respaldo de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Gobierno de la República, para erradicar este tema y detalló que todos los estados “hemos cerrado filas para la implementación puntual y oportuna de las diferentes acciones que ahí están planteadas en la propia ley”.
Asimismo, hubo acuerdos muy importantes en materia de seguridad para darle continuidad a las tareas que permitan fortalecer la respuesta efectiva del Estado mexicano en esta tarea de seguridad.
Redacción
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