Los funcionarios son denunciados por el desvío de más de 3 mil 759 millones de pesos por peculado, fraude y abuso de atribuciones
La Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó hoy diez denuncias penales en contra de dos exgobernadores y exfuncionarios, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 3 mil 759 millones de pesos del erario público estatal y delitos como peculado, fraude y abuso de sus atribuciones.
Las denuncias penales en contra de dos exmandatarios estatales y exfuncionarios de primero y segundo nivel, fueron presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En rueda de prensa, la secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, detalló que se detectaron irregularidades en rubros como la falta de pago en el fondo de aportaciones de pensionados, en donde el daño patrimonial asciende a 92 millones 155 mil pesos.
Asimismo, se detectó un faltante de mil 590 millones de pesos en el Instituto de la Vivienda, además de que se certificó la falta de pago de participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones, con daños a los municipios por el orden de los 247 millones de pesos y al erario público estatal por 96 millones 807 mil pesos.
En el desglose de las irregularidades, la funcionaria estatal dio a conocer que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos para el Régimen de Protección Social en Salud.
Silvia Estrada afirmó que esto “es sólo el comienzo” y refirió que estas irregularidades corresponden únicamente a lo detectado en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal.
Resaltó que existe la presunción de que en áreas como Salud, Educación y Seguridad Pública podrían existir más inconsistencias, que serían denunciadas en su momento también penalmente.
Evitó dar nombres de los exgobernadores y ex funcionarios involucrados y acusados penalmente, sin embargo, especificó que las irregularidades fueron localizadas entre el 2012 y 2015, periodos que corresponderían al gobierno de Fausto Vallejo y Jesús Reyna.
Asimismo, señaló que producto de las revisiones, se han aplicado sanciones administrativas con inhabilitaciones para los responsables de entre uno y 10 años.
Manifestó que una vez iniciado el proceso penal, corresponde ahora a las instancias de procuración de justicia determinar si los casos documentados son judicializados o no. En este sentido, aseguró que se tiene plena confianza tanto en la PGR como en la PGJE.
Redacción
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