La Corte dio vista al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y a la Asamblea Legislativa para que asigne a un delegado sustituto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó de manera oficial a un juez federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) la consignación directa del exdelegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como de su antecesor José Manuel Ballesteros, quien actualmente es diputado local, por incurrir en el desacato de una sentencia de amparo.
Esto luego de haber notificado primero al área jurídica de la demarcación del cese del cargo de Moreno Rivera.
Por su parte, la Corte dio vista al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y a la Asamblea Legislativa para que asigne a un delegado sustituto.
Por lo anterior, corresponderá a la PGR consignar a Moreno y a Ballesteros ante el juez federal en turno.
Autoridades del máximo tribunal de justicia calificaron el caso como inédito, pues el Ministerio Público Federal aún debe de valorar si el fallo de la Corte le retiró el fuero a Ballesteros López o si necesita iniciar un proceso de desafuero ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
Indicaron que el caso de Ballestero podría regresar a la Corte, pues existe una opinión dividida entre ministros, debido a que algunos consideran que el fallo del Pleno le quitó el fuero constitucional al legislador, mientras que otros consideran que se debe iniciar un juicio de procedencia.
El delito por el que se ordenó la detención de Moreno y Ballestero no es grave y castiga con entre cinco y 10 años de cárcel, o de cinco a 10 años de inhabilitación para ejercer un cargo público; por incumplir la sentencia de amparo.
La Corte destituyo y ordenó la consignación de Moreno Rivera ante un juez federal el pasado martes, así como para Ballesteros López; esto derivado de un incidente de inejecución de sentencia, donde se alegó que no se respetaron los amparos concedidos en 2013 a cuatro trabajadores de la delegación.
El ministro José Fernando Franco González Salas propuso destituir y consignar a los imputados, pues el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje informó a la Corte que la sentencia de amparo no se había cumplido.
El delegado debía acatar lo resuelto en el fallo del 23 de enero de 2013, esto es, expedir a los cuatro quejosos los nombramientos con la categoría de verificaciones o inspectores; así como pagar las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había estado pagando y las que les correspondían por haber cumplido con sus funciones de verificador o inspector.
Dichas funciones se realizaron desde el 26 de noviembre de 2003 hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en una fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el veredicto.
Además, tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de los años 2003, 2004 y las que se generaran durante la tramitación del juicio y, finalmente, debía otorgar los elementos necesarios para el desempeño del encargo; tales como credenciales y otros documentos oficiales.
Con información de Milenio
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