Un año después del sismo del 19 de septiembre, ingenieros y arquitectos expertos en seguridad de infraestructura coincidieron en que la discrecionalidad en el otorgamiento de licencias de construcción fue uno de los factores clave en la contingencia. En la 5º mesa de diálogo organizada por SGS México, empresa dedicada a la inspección, verificación, entrenamiento y certificación, titulada ‘Factores clave … Continued
Un año después del sismo del 19 de septiembre, ingenieros y arquitectos expertos en seguridad de infraestructura coincidieron en que la discrecionalidad en el otorgamiento de licencias de construcción fue uno de los factores clave en la contingencia.
En la 5º mesa de diálogo organizada por SGS México, empresa dedicada a la inspección, verificación, entrenamiento y certificación, titulada ‘Factores clave en la seguridad y calidad de las obras de infraestructura’, Efrén Muciño, Presidente de la Asociación de Directores Responsables de Obra (ADOC), indicó que aunque la regulación y la normatividad de las construcciones es suficiente, la discrecionalidad, la falta de ética y la corrupción, por parte de algunas empresas y autoridades, fue la causa principal de colapsos.
“La voracidad de algunos desarrolladores para sacar sus proyectos en tiempo meten ‘planos de aprobación’ que son un trato entre la autoridad y el desarrollador”. aseguró Muciño. “Muchas veces los cálculos estructurales no están ligados a la mecánica de suelos, porque se hacen después de cimentar”.
Por otra parte, lamentó la modificación hecha a algunas normas del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, especialmente el artículo 47, que estableció que toda la responsabilidad de la construcción recae en los directores responsables de obra (DRO).
“Este cambio abrió la puerta para que los desarrolladores hagan sus proyectos como quieran, sin consecuencias”, sostuvo.
Sin embargo, señaló que con el combate frontal a este tipo de “vicios ocultos” México no necesita empresas extranjeras que vengan a hacer el trabajo de construcción.
Por su parte, Joel Aragón, Subdirector de Vulnerabilidad Estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), consideró que, aunque la reglamentación y normalización capitalina, que se actualiza obligatoriamente cada cinco años, es suficiente, reconoció que el resto de México carece de una protección adecuada respecto de la materia.
Precisó que de los dos mil 455 municipios que existen en México, apenas 165 cuentan con una regulación en el rubro, a lo que se suma que un porcentaje muy bajo tiene reglamentación secundaria y que no hay una ley homologada a nivel nacional.
Aseveró que esto se debe a que cada municipio es libre y soberano, situación que complica la legislación en la materia.
No obstante, Efrén Muciño consideró que la reglamentación capitalina puede funcionar como base para una ley nacional, debido a que integra todo tipo de riesgos aplicables a la construcción.
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Un caso particular en materia de regulación de construcciones es el de Colombia, un país con alta actividad sísmica, pues el sector público y privado están obligados a garantizar la calidad de la obra cada 10 años, subrayó Carlos Gil, Director de Soporte Técnico de SGS Colombia.
Detalló que, en caso de incumplimiento, las empresas o el gobierno deberán responder con dinero, activos o seguros para la reconstrucción del bien dañado; aunque aún está en proceso de adaptación para que todas las obras cuenten con una póliza.
De igual manera, aclaró que está estipulada la revisión de la obra de forma permanente con contratistas independientes, quienes se aseguran que la obra coincida con los planos que se entregaron a las autoridades correspondientes.
En la mesa de diálogo también participaron el Ing. José Luis Nava, Vicepresidente Unión Mexicana De Asociaciones De Ingenieros (UMAI), así como eI Ing. Edgar Tungüí Rodríguez, Miembro De La Academia De Ingeniería De México y Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
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