El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla declaró que se busca privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios
El Congreso de Puebla aprobó este martes normativas más estrictas para las empresas de servicios de transporte privado luego del asesinato de dos estudiantes en los que estuvieron involucrados conductores de las empresas Uber y Cabify.
Los diputados locales acordaron cambios a la Ley de Transporte del estado que prohíben los pagos en efectivo por los servicios que ofrecen dichas plataformas y los obligan a habilitar botones de pánico en sus unidades.
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Con estas normativas, los conductores de dichas empresas tendrán que aprobar exámenes toxicológicos, psicológicos, psicométricos, de Investigación Socioeconómica y presentar una constancia de no antecedentes penales.
También, las empresas tendrán que actualizar de manera mensual el censo del padrón de conductores.
Por otra parte, se permitirá que las autoridades puedan tener acceso a sus sistemas de geolocalización, en caso de ser necesario.
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“La reforma tiene un perfil de seguridad, lo que se busca es privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios” dijo Jorge Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla.
El primer caso ocurrió a principios de septiembre, cuando el conductor de Cabify Ricardo Alexis Díaz asesinó a la joven Mara Fernanda Castilla, de 19 años.
En otro caso ocurrido a finales del mismo mes, un conductor de Uber fue presunto responsable por la muerte de Mariana Fuentes, alumna de la BUAP, aunque no se encontraba trabajando para la empresa al momento de cometer el crimen.
Uber criticó el proyecto cuando aún se discutía en el Congreso, declaró que era discriminatorio y violaba la privacidad de usuarios y conductores; sobre la nueva regulación, se negó a dar declaraciones.
A mediados de septiembre, el estado de Puebla suspendió la licencia para operar de Cabify, que también declinó ofrecer declaraciones.
Con información de Excélsior
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