Comparecen en comisiones del Senado aspirantes a ministro de la SCJN
Foto de Canal del Congreso

Este lunes arrancó el proceso para seleccionar al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que la Comisión de Justicia del Senado de la República recibió a quienes forman la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comparecencia que más atención recibió por parte de los legisladores fue la de Juan Luís González Alcántara Carrancá.

“Tengo el privilegio de integrar una terna compuesta por dos juristas extraordinarias, cuya trayectoria habla por sí misma. Es por ello que tengo la confianza de que sea cual sea la decisión, el resultado será un triunfo en el proceso de consolidación de nuestras instituciones republicanas”, manifestó el aspirante.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino durante la jefatura de Gobierno de López Obrador se dijo en contra de la decisión tomada por el ministro Alberto Pérez Dayán respecto de la Ley de Remuneraciones.

También respondió a los cuestionamientos por el llamado caso Góngora Pimentel hace cinco años, respecto a la reducción de la pensión familiar que avaló en favor del exministro.

“Era un caso que estaba cerrado, es un caso que para mí quedó cerrado y no sé cuál sea la situación actual, pero le puedo asegurar que esos 50 mil pesos que sirvieron de base para la pensión alimenticia eran justos, porque el señor tenía otros hijos y otras mujeres que dependían de él y no era fácil señalar un 35 por ciento para los menores”, señaló.

Por su parte, Celia Maya García, penalista, magistrada, ex candidata al Senado y a la gubernatura de Querétaro por Morena, rechazó que su condición de militancia sea un impedimento para ocupar un espacio en el máximo tribunal de México.

“Yo no veo que el estar o pertenecer a un partido político tenga un impedimento para ser ministro, no hay, no está dentro de lo que está”, expresó.

Loretta Ortiz Ahlf, por su parte, acudió con su renuncia a la militancia morenista para demostrar que actuaría con completa libertad en el cargo, asegurando que rechazar su candidatura por su hoy exmilitancia sería una violación a sus garantías individuales.

“Por lo tanto, prejuzgar la idoneidad de una candidatura dejando de lado los méritos, cualidades profesionales y la integridad de la persona aspirante no solo implicaría un alto grado de discrecionalidad incluyendo requisitos extra legales, sino que además configuraría una violación a derechos humanos”, manifestó.

Con información de Excélsior